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Con sospechosa celeridad que no suele suceder en tribunales, especialmente en los juicios de acción privada, el juez señaló nueva fecha de juicio a los querellados, para la próxima semana. Esto, pese a existir diligencias pendientes de realización, propuestas por la defensa, como pruebas que tienen que provenir del extranjero, concretamente de Panamá.
Específicamente, las pruebas guardan relación con una empresa privada denominada IDEATI SA, que debe remitir documentos contractuales que detallen y justifiquen cuál ha sido el marco jurídico de relacionamiento entre el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la empresa privada panameña, dentro de la ejecución del contrato MH-SET Nº 19/2016 relacionado al “Servicio de Actualización Tecnológica del Sistema de Gestión Tributaria de Hacienda”.
Las pruebas fueron requeridas vía exhorto judicial hace meses, pero el problema generado por la pandemia obstaculizó la obtención rápida de los datos. La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en marzo último, suspendió los términos judiciales. Aunque esto no implicó el cierre de los despachos judiciales, es claro que la circunstancia afectó la regularidad del sistema de administración de justicia y capacidad de respuesta a oficios provenientes de los exhortos internacionales.
El magistrado incumplió igualmente plazos mínimos que debían ser respetados desde que asumió nuevamente su competencia.
Ovelar es padre de Marcelo Ovelar González, imputado por el Ministerio Público como parte del esquema para lesionar el patrimonio de Dinac mediante la compra sobrefacturada de tapabocas, junto al extitular del ente, Édgar “Beto” Melgarejo y otros. El hecho fue duramente criticado por nuestro diario en reiteradas ocasiones por la gravedad del mismo en plena época de pandemia.
La última de sus determinaciones se produjo un día después de una publicación de nuestro diario sobre el caso de su hijo.
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