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Son 219,5 hectáreas en la localidad de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, correspondiente a la finca N° 581, padrón 911, expropiadas a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), para su posterior adjudicación a la comunidad Y’aka Marangatú, del pueblo Mbya Guaraní, de acuerdo a la Ley N° Ley N° 6.615 con fecha 18 de setiembre de 2020.
La CIDH investigó la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la violación de los derechos de los indígenas de Y´akâ Marangatú, a poder acceder a su propiedad ancestral. El estado reconoció su responsabilidad y el principal compromiso asumido fue el de comprar o expropiación las 219 hectáreas reclamadas por la comunidad, informó la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi).
El Estado también está obligado, mediante el acuerdo con la CIDH, a proveer diversos servicios a través de sus instituciones.
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La expropiación fue sancionada por la Cámara de Senadores el 28 de mayo 2020 y por la Cámara de Diputados en fecha 2 de setiembre 2020, respectivamente.
La Fapi remarca que es una lucha de 25 años, ya que el expediente administrativo de la comunidad Y’aka Marangatú, miembro de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (Acidi), aglutinada también a dicha Federación, se empezó a tramitar en 1995. En un reporte de prensa, la organización destacó que la promulgación de la ley de expropiación representa un logró histórico.
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Los antecedentes dan cuenta del reclamo de las tierras ancestrales de la comunidad, que además comprende también un antiguo cementerio, sitio sagrado de los indígenas de Y´akâ Marangatú.