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Köhn Gallardo, recordó que esta discusión se viene trayendo hace rato y la discusión no pasa por la legitimidad constitucional del Congreso, sino más bien sobre la falta de una reglamentación al artículo 201 de la Carta Magna, que establece la Pérdida de Investidura y los procesos que se deben de seguir.
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“A lo largo de la historia política paraguaya, ningún Congreso se ha cuestionado seriamente su capacidad, sus competencias para realizar el proceso de pérdida de la investidura, sin embargo, bueno...tenemos este problema por la falta una norma” que establezca el proceso, indicó el abogado.
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Remarcó por ejemplo que algo que se discute es sobre si es el Congreso y porqué mayoría definir la pérdida de investidura de un legislador, u otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral. De hecho mencionó que tuvo en cuenta para su dictamen las diversas opiniones previas de reconocidos colegas suyo, pero que coinciden con la apreciación del Dr. Bernardino Cano Radil, de que con una reglamentación del artículo constitucional basta para que el Congreso lleve adelante el proceso de remoción de un legislador.
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“Yo creo que es soberana absolutamente en la Cámara de Senadores de establecer este proceso de pérdida de investidura. Ahora, lo que no puede hacer -me parece a mi- es hacerlo de cualquier forma, tiene que haber una forma establecida y eso si a mi modo de ver puede ser justiciable”, indicó sobre uno de los factores sobre el cual si podría expedirse la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, consideró saludable que la máxima instancia judicial se expida con premura ante este tipo de casos a fin de evitar crispaciones y conflictos que se repiten y llevan tiempo sin resolución. Recordó que el Congreso ya realizó dos intentos de reglamentar la Pérdida de Investidura durante la presidencia de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero todas encontraron el escollo de la mayoría requerida, ya que al no establecerse taxativamente la necesidad de una mayoría absoluta, Köhn Gallardo es de los que respalda que se puede echar a alguien por mayoría simple.
De hecho, alerta que si bien se podría aplicar cierto “criterio de racionalidad” temiendo en cuenta que para la suspensión de un legislador se requiere mayoría absoluta y para su expulsión una mayoría simple, podría ser un peligroso precedente darle una interpretación extensiva a la Constitución Nacional.
“Encontraríamos una norma racional pero bajo este criterio, se podrían tocar evidentemente otras normas, y hacerlas funcionar de acuerdo evidentemente algunos momentos políticos”, alertó.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente el estudio de varias acciones de inconstitucionalidad de senadores expulsados que exigen volver a sus bancas, como es el caso de Dionisio Amarilla, Paraguayo Cubas y incluso María Eugenia Bajac. No obstante, esto podría abrir la puerta a otros también cuestionados como el condenado Víctor Bogado. También existen pedidos de pérdida de investidura planteados actualmente como el de Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún.