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Aquel lunes 8 de junio fue la declaración de guerra. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sorprendió al anunciar la intervención de Vicentin y un proyecto de ley para expropiar el holding, actor central en el mapa agroindustrial de ese país. Un revés judicial y una feroz resistencia de los directivos de la empresa, sumado al fuerte repudio expresado en los primeros “banderazos” contra el Gobierno, llevaron al Presidente a desistir de su estrategia inicial.
Vea el artículo publicado en La Nación (Argentina).
Pero el Gobierno no dio por cerrada la contienda. Distintos organismos, como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación aún vienen dando batalla en los tribunales para que se investigue a Vicentín por presunto lavado de dinero, facturación trucha, evasión y fraude. La agroexportadora -que está en concurso preventivo por una deuda de casi US$1.000 millones- se defiende de esa embestida oficial, justificando sus operaciones con escritos judiciales y comunicados para la opinión pública.
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Seis años antes de que Fernández posara su mira sobre Vicentin, las autoridades de los Estados Unidos habían levantado una alarma por operaciones financieras entre Vicentín y la multinacional Glencore, la gigante suiza y primera comercializadora de materias primas a nivel global.
Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTC) elaboró dos reportes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) vinculadas a Glencore Grain debido a que la firma fue investigada por soborno trasnacional. Para el banco, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser debidamente justificado. Un primer reporte identificó 773 transacciones por más de US$ 566 millones realizadas entre noviembre de 2013 y abril de 2014. El segundo SAR encontró 310 transacciones por más de US$ 259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio de 2015.
Entre las decenas de empresas que fueron “contrapartes” de estos giros de Glencore figuró Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina que fue denunciada en reiterados escritos de la UIF y el Banco Nación ante la Justicia. En el primer reporte –el que corresponde a enero y febrero de 2014- las autoridades de los Estados Unidos no especificaron el monto de las operaciones. Pero en el segundo SAR fue detallado un giro puntual entre ambas compañías. “El 12 de mayo de 2015, Glencore Grain BV envió una transacción por US$ 12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentín Paraguay SA”, señaló el reporte del DBTC.
Así surgen entre los más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante la FinCEN y que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados, entre ellos, La Nación, Infobae, Perfil y ABC Color. Los FinCEN Files incluyen reportes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que son ultrasecretos y transacciones reportadas por bancos y otras instituciones financieras.
Bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, actividades presuntamente irregulares y otros posibles delitos. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En muchas ocasiones, son solo reportes elaborados por protocolo, porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo.
Consultados por La Nación, desde Vicentin justificaron las operaciones de su subsidiaria paraguaya con Glencore y aseguraron que formó parte de su operatoria comercial habitual. “No tuvimos transacciones en enero y febrero de 2014, sí hubo a partir de marzo 12 de marzo, cuando se le vendieron 16.500 toneladas de soja por US$ 8 millones. Fue el primero de seis barcos que se exportaron ese año a Glencore y que sumaron 207.000 toneladas de soja, para que ellos la comercializaran en la Unión Europea sin pasar por la Argentina”, señalaron desde la agroexportadora.
Con respecto a los US$ 12.610.950 que Vicentín Paraguay recibió en mayo de 2015, desde la empresa justificaron: “Fue el pago de un contrato por 33.000 toneladas de soja paraguaya. Fueron embarcadas el 3 de mayo de 2015 en el navío NV Ocean Rider, y el cobro fue una cuenta del Banque Cantonale Vaudoise (BCV) que financiaba en ese momento nuestra operación en Paraguay”.
Las “batallas” contra Vicentin
Las operaciones de Vicentin en Paraguay durante los años de las transacciones detectadas por la FinCEN tuvieron relación con otra “guerra”: la del kirchnerismo contra el campo.
Vicentin abrió una subsidiaria en Paraguay en 2005 con el objetivo de comprar soja, importarla e industrializarla en Argentina para luego exportar aceite y harina. De ese modo, sacaba provecho del “régimen de admisión temporaria para el perfeccionamiento industrial”, sistema que permitía importar sin aranceles ni tributos con el fin de agregar valor en el país y exportar en un plazo determinado. Sin embargo, en 2009 –tras el capítulo de la 125- se derogó ese régimen como parte del enfrentamiento entre Echegaray con la industria oleaginosa. Así permaneció hasta 2016, cuando Mauricio Macri repuso el sistema.
Entre 2009 y 2016, entonces, Vicentín Paraguay comerció directamente con los traders multinacionales sin pasar por la casa matriz argentina. Según un reciente informe del Banco Nación de 121 páginas, en esa época, Vicentin Paraguay trianguló buena parte de sus operaciones a través de Vicentin Uruguay. “Según datos de comercio exterior, la sucursal en Uruguay explicó entre un 70 y un 78% de la facturación de las exportaciones de Vicentin Paraguay”, señaló el documento presentado por el banco estatal, para denunciar en la Justicia el supuesto “vaciamiento” de la agroexportadora.
Vicentin explicó a La Nación que su sucursal en Paraguay funciona como broker con una oficina pequeña que le compra a productores, acopiadores y cooperativas una soja de muy buena calidad, por las condiciones climáticas de ese país.
Al momento de las operaciones detectadas por los SARS del Deutsche Bank, además, Glencore y Vicentin Paraguay eran socias en Renova, una de las plantas de biodiésel más grandes del mundo con sede en Argentina.
En diciembre de 2019, cuando Vicentín se declaró en asfixia financiera por las deudas acumuladas con acreedores extranjeros y nacionales, Vicentín Paraguay le vendió el 16,67% de las acciones que tenía en Renova a Oleaginosas Moreno (controlada por Glencore), a través de una empresa vinculada a la multinacional suiza llamada Renaisco BV. Según el Discovery que se abrió en Nueva York a pedido de los acreedores externos de Vicentin, esa operación se hizo por casi US$ 123 millones.
Denuncias y defensa
El Gobierno viene denunciando a Vicentin ante la Justicia por presuntas maniobras de fraude, vaciamiento empresario, fuga de capitales, evasión y lavado. Para el Gobierno, la insolvencia financiera de Vicentin es sospechosa porque la firma pasó de ser la sexta empresa con mayor facturación del país en 2018 a declararse en cesación de pagos a fines de 2019.
Mientras que el juez civil y comercial de Reconquista, Fabién Lorenzini, tramita el concurso de acreedores de Vicentin, en Comodoro Py, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigan en una causa penal los préstamos que el Banco Nación (BNA) le hizo a la agroexportadora durante la gestión de Mauricio Macri, que acumularon una deuda de más de US$ 18.000 millones.
Con el cambio de gobierno, Claudio Lozano –que hoy se desempeña como director en BNA- elaboró tres informes sobre la situación económica y financiera de Vicentin. Para Lozano resulta poco creíble el alegado estado de insolvencia de la compañía, porque otras firmas del grupo – muchas de ellas radicadas en el exterior– habrían visto crecer sus patrimonios y cuentan con fondos suficientes para solventar las deudas. Además, Lozano asegura que Vicentin utilizó su subsidiaria en Paraguay porque en ese país las exportaciones están exentas de impuestos. Desde la agroexportadora rechazan esta lectura porque señalan que en Paraguay se le paga el precio lleno de Chicago al proveedor de soja; en cambio, en la Argentina a ese valor se le deducen las retenciones que pagó el pequeño productor.
Otra de las sospechas del Gobierno y de los abogados que representan a los acreedores es que Vicentin se valió de la red de sociedades offshore de Glencore para sacar divisas al exterior y lavar dinero. La AFIP, en tanto, denunció en los últimos días penalmente a los directivos de Vicentin tras detectar supuestas “maniobras” de facturación apócrifa para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto estimado en 110.000.000 de pesos.
“Eso es ridículo”, replicaron desde Vicentin respecto a las denuncias por lavado. En un reciente escrito judicial, la empresa se defendió: “Nos vemos en la obligación de formular aclaraciones y desmentir falsedades que se vienen ventilando públicamente. Lamentablemente, el accionar de personajes irresponsables y ávidos de figuración como Claudio Lozano termina judicializando lo que debería quedar en meras expresiones políticas. Las agencias estatales involucradas se pliegan rápidamente a ellas multiplicando los esfuerzos necesarios para hacer frente a las inexactitudes y las falsedades”.