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En Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Fernández, de 82 años, por presunta comisión de los hechos punibles de daños a bienes de patrimonio cultural, perturbación de la paz pública y violación de la cuarentena sanitaria junto a otras personas.
Este proceso fue abierto en relación a la grafiteada de las paredes del Panteón Nacional de los Héroes y la quema de una bandera paraguaya, el pasado 5 de setiembre, durante una manifestación en protesta por la muerte de dos niñas de 11 años en medio de un tiroteo entre la FTC y el EPP en la localidad de Yby Yaú.
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En ese contexto, la Sociedad de Escritores del Paraguay dio a conocer un comunicado en el cual expresa su preocupación y su solidaridad gremial con el conocido escritor. “Reafirmamos nuestro total rechazo a los actos que han causado daño a un valioso patrimonio cultural e histórico, pero nos preocupa que el Ministerio Público extienda la imputación a personas que simplemente acudieron a manifestarse, conforme a los derechos de libre reunión y libre expresión, consagrados en la Constitución Nacional, sin que exista constancia alguna de que los mismos hayan sido parte de los hechos puntuales de las pintadas en las paredes y la quema del pabellón”, señala el texto.
Sostiene además que la simple presencia y los discursos realizados por Miguel Fernández y la dirigente del Partido Revolucionario Febrerista, Diana Bañuelos, también imputada, no los hace cómplices del daño al Panteón de los Héroes. Cuestiona las afirmaciones del fiscal del caso, Ángel Ramírez, que en una parte de la imputación expresa: “Sin tapabocas estuvieron haciendo discursos, y participando de la reunión”.
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“El no haber usado tapabocas en el momento de dirigir la palabra durante el acto, a pesar de que los llevaban puestos, puede interpretarse como una violación del Código Sanitario en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero nos llama la atención de que la Fiscalía no aplique el mismo rigor de sanción legal a autoridades del Gobierno y a miembros del Partido Colorado que también han aparecido en actos públicos, con gran concurrencia, haciendo uso de la palabra sin usar tapabocas”, agrega el manifiesto.
Asimismo apunta que estos procesos judiciales pueden ser parte de una persecución política, además de evidenciar una selectividad punitiva ante el ejercicio de un derecho que es parte fundamental de la democracia, como el de la manifestación. Acota que este actuar evoca lamentables prácticas autoritarias de abuso de poder y de instrumentación de la Justicia, como se hacía en época de la dictadura stronista.
“Desde la SEP renovamos nuestra solidaridad con el veterano colega escritor y reclamamos a las autoridades de la Fiscalía su desvinculación del caso, ante la falta de evidencias de su participación directa en los delitos investigados, como de las demás personas imputadas solamente por haber acudido a hacer uso de derechos constitucionales. Como gremio de escritores y trabajadores de la cultura nos mantenemos en alerta ante estos signos preocupantes de retorno a prácticas autoritarias, que ponen en riesgo los avances democráticos”, concluye el pronunciamiento.