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Además, su dirección está en la mira por el permiso que habría otorgado a una comisión vecinal para dividir la laguna Cerro, sobre la cual se construyó un camino de terraplén. Pedrozo fue citada por segunda vez por el agente fiscal y no se presentó a declarar. De acuerdo a los datos, pidió postergar su declaración indagatoria.
Intentamos tener la versión de Pedrozo como también de la causa de la impurtación con el fiscal Jalil Rachid, pero no respondieron a nuestras llamadas.
Ese pedido fue por parte de una comisión llamada “Pro camino industrial” y está presidida -según los papeles- por María Leticia Valenzuela Gómez.
Ayer, el Mades informó que la comisión recibirá una multa de G. 800 millones (10.000 jornales) por dicha división y transgresión de las leyes ambientales.
Apenas se dio a conocer este apercibimiento, vecinos de los barrios que rodean a laguna llamaron al diario a comentar que la señora que preside esa supuesta comisión no es pobladora del lugar y que aparentemente se habría conformado solo para abrir camino a Waltrading, que utiliza esta vía para el traslado de su materia prima y producción final.
Esta mañana quisimos corroborar los datos con la Municipalidad de Limpio pero no tuvimos respuesta. Además, por el caso de la división del espejo de agua también el Mades abrió sumario al consultor Juan David Martinucci, quien habría hecho los trámites para la apertura del camino, según indicaron.
Lo llamativo es que la que preside tal comisión también aparece en otro pedido hecho al Mades para la construcción de una planta trituradora en Alto Paraguay.
Por la contaminación de este cauce ya fue imputado el dueño de la curtiembre, Rogelio Ferreira Martins, quien debe presentarse este viernes a las 9:00 en el Juzgado Penal de Garantías de Limpio para la imposición de medidas. El fiscal Jalild Rachid pidió prisión preventiva para el empresario.
Mades critica imputación
En el comunicado el Mades cuestiona la decisión tomada por el fiscal Jalil Rachid, pues sostiene que no le dieron “el derecho a la defensa”.
Asimismo, critica la celeridad con la que imputó a la funcionaria Carolina Pedrozo, y que misma premura de su parte no se vio cuando el Mades solicitó la realización de allanamientos a la empresa Waltrading SA.
Calificó finalmente como un “amedrentamiento” a los funcionarios que trabajan por la protección del medio ambiente y pidió más compromiso a los agentes del Ministerio Público.
