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Mucho discurso pero nulas acciones se llevaron a cabo hasta el momento para tratar de salvar el lado contaminado de la laguna Cerro, de la ciudad de Limpio.
Pese a las evidencias encontradas y los resultados que arrojaron la presencia de químicos para la conservación del cuero en el espejo de agua, tanto la fiscalía del ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Juzgado Penal de Garantías de Limpio siguen haciendo la vista gorda al tema.
Si bien el agente fiscal a cuyo cargo está la causa –Jalil Rachid– imputó y pidió prisión para Rogelio Ferreira Martins, dueño de la curtiembre Waltrading, señalada como la culpable de contaminar la laguna, hasta ahora el acusado no se presentó para la imposición de medidas.
La causa está en manos de la Jueza Elsa Idoyaga, según informaron. Por este caso, ya declararon ante el Ministerio Público los vecinos del barrio Santa Lucía de la compañía Piquete Cue de Limpio, quienes ya en marzo de este año alertaron de la situación al Mades y la Municipalidad de Limpio, que hicieron oídos sordos y de ciegos ante la situación.
En abril, técnicos del Mades confirmaron la mortandad de peces en el lugar y aún así nada hicieron. Abrieron sumario a la firma meses después y reabrieron el caso el pasado 4 de agosto, tras una publicación hecha por nuestro diario.
En esa ocasión, los vecinos ya expresaron su impotencia ante la inacción de parte de las instituciones.
También, para esta semana fueron citados a declarar funcionarios del Mades que otorgaron a Waltrading la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pese a que esta sigue teniendo sumario abierto por un caso similar de contaminación pero en la ciudad de San Antonio.
El Mades viene hablando de remediación de la laguna, pero ni fondos tiene para afrontar. Los vecinos alegan que la recuperación sería en vano porque la firma sigue operando en las mismas condiciones, según denuncian.
En mayo de este año, el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, dijo a la prensa que poco o nada puede hacer con los casos que caen a su cartera y culpó a la fiscalía por inacción.
Intentamos conversar con la jueza Idoyaga, al número con terminación 091, pero no atendió a nuestras llamadas.