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El informe de “Situación financiera” que dio a conocer la cartera fiscal el último viernes detalla los diversos gastos efectuados por el Tesoro Público de enero a agosto y uno de ellos es el que se realiza a los acreedores.
Los intereses se abonan por la deuda contraída con los organismos financieros internacionales (BID, BM, CAF, Fonplata y otros), agencias de gobiernos y la emisión de bonos del Tesoro (internos y soberanos).
El Estado cada vez destina más fondos para estar al día en el pago de los intereses, atendiendo el acelerado ritmo de endeudamiento que viene registrando en los últimos años, principalmente con la emisión de bonos soberanos. En ese contexto, entre abril y junio se utilizaron los recursos del fondo de emergencia sanitaria para estar al día tanto en el pago de intereses como del capital.
La ley de Administración Financiera prohíbe abonar intereses con deuda, pero con la ley de Emergencia Sanitaria esta disposición se suspendió porque la administración no disponía de recursos genuinos por la caída de la recaudación, debido a la paralización de la actividad económica a causa de la pandemia de COVID-19.
El capital, sin embargo, desde hace tiempo se viene pagando con deudas y cada vez aumenta la proporción destinada para este fin, una operación conocida comúnmente como “bicicletear” la deuda.
La deuda pública total al mes de julio alcanzó US$ 10.944,8 millones, que equivale al 30,9% del PIB, tope considerado razonable por organismos financieros y economistas locales. Sin embargo, las proyecciones de Hacienda apuntan a que para fin de año llegará a US$ 11.500 millones, lo que equivale al 33,8% del PIB, y el año venidero aumentará a US$ 12.400 millones, lo que representa 34,8% del PIB, muy por encima del tope considerado razonable para el país.
Este nivel de endeudamiento llevará a que el déficit fiscal termine este año en US$ 2.617,2 millones, equivalente al 7,2% del PIB, el más alto desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece un tope de 1,5% del PIB, lo que por ley de Emergencia Sanitaria fue suspendido por este año.
Para el ejercicio 2021, aunque Hacienda alineó el saldo rojo al referido límite, solicitó al Congreso elevar a 4% para cerrar a fin de año en estos valores que representan US$ 1.466,7 millones, ya que pretende seguir invirtiendo en obras para reactivar la economía.