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El documento, que será presentado el lunes en Diputados y que fue elaborado por las diputadas Kattya González y Norma Camacho, indica que “la clase política tiene la obligación moral de reconocer su cuota de responsabilidad en este preocupante escenario: la inercia de los vicios y errores con que actuamos nos hace responsables de mucho de lo que se vive como realidad en nuestro país”.
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El proyecto, que quedará al análisis del pleno de los diputados, cuenta con cuatro puntos específicos. Primero exige el equipamiento adecuado para combatir y eliminar al EPP y rescatar con vida a los secuestrados Óscar Denis y Adelio Mendoza y tener información certera sobre los otros privados de su libertad: el oficial de policía Edelio Morínigo y don Félix Urbieta.
Mientras que en segundo lugar se insta que a través de los conductos institucionales se peticione toda la ayuda internacional necesaria tanto en equipamiento técnico como en asesoramiento para, de una buena vez, dar una solución eficaz a este flagelo.
En tercer punto exige transparentar y controlar el presupuesto y los gastos realizados por la FTC. En este punto, en el documento se aclara que reconocen que por cuestiones operacionales y de seguridad nacional se tenga alguna reserva.
“Reconocemos y aceptamos las reservas en aspectos operacionales y de seguridad; pero el dinero destinado a sostener a este grupo no es un tema de seguridad nacional y es dinero público, no debemos olvidarlo. El destino y la administración de los recursos asignados en el presupuesto de estas fuerzas especiales deben ser rigurosamente transparentados y sometidos al escrutinio de este Congreso”, reza la justificación del tercer punto.
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Agregan que la FTC, desde que asumió Mario Abdo Benítez en 2018 hasta hoy, tuvo un presupuesto de G. 210 mil millones para cumplir con un único objetivo: “Liberar al Norte del país de la presencia del EPP”. Indican las diputadas que no tienen datos desagregados de su presupuesto entre 2014 y 2018, pues están ocultos en el presupuesto institucional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “Abundan zonas grises y estos fondos se han convertido en una fuente importante de corrupción. Hay denuncias públicas de los propios policías y militares quienes en varias oportunidades han señalado que remuneraciones y bonificaciones que les correspondían se han quedado en el peaje impuesto por algunos altos mandos”, indican las parlamentarias.
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En el cuarto punto piden abrir un plazo de evaluación política por una Comisión Bicameral de administración económica y técnica de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
El exvicepresidente y exsenador Óscar Denis fue capturado dentro de su estancia Tranquerita, en Concepción el miércoles 8 de setiembre. Lo llevaron a él y a su chofer Adelio Mendoza y dejaron en la camioneta panfletos del EPP. El grupo criminal pone condiciones imposibles y amenaza fusilar a exvicepresidente si no se cumplen sus peticiones.