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“Efraín Alegre dijo: ‘Yo no acepto esto’ (el rechazo de la apelación a la decisión de la jueza Lovera). Exactamente me dijo eso. ‘A Tacumbú nos vamos’, me dijo”, expresó Duarte Cacavelos, su abogado, en conversación con ABC este viernes.
El defensor del presidente del PLRA dijo que un juez puede resolver no aplicar ninguna medida preventiva y que una persona puede litigar en cualquier condición, que es lo que busca Alegre. De hecho, el político rechaza los argumentos de la Fiscalía en el caso.
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“El juez puede resolver no aplicar ninguna medida preventiva, puede litigar en cualquier condición. La imputación no supone la aplicación de medidas cautelares. Es el artículo 304 del Código Procesal Penal. Acá en Paraguay se estableció que la persona no puede litigar sin tener una medida cautelar”, sostuvo.
El abogado añadió que “seguro” enviarán el caso a la Corte Suprema para que lo estudie, porque no existe sospecha de fuga ni de obstrucción. Argumentó el primer punto en el hecho de que las fronteras están cerradas, por lo cual lógicamente es imposible que su cliente salga del país.
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La jueza Lovera le había impuesto a Alegre una fianza real y prohibición de cambiar de domicilio, lo cual el político remarcó que no cumplirá.
“No cumpliremos sus medidas; al contrario, vamos a resistir, a enfrentar y a vencer. La patria no tiene precio y la gente no tiene miedo”, desafió Alegre, que tras referirse a la “mafia”, mencionó al expresidente Horacio Cartes y al actual, Mario Abdo Benítez, a quienes acusa de estar detrás de esta imputación.
Duarte Cacavelos recordó una vez más las presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía en el proceso de imputación. “Cuando (lo de las fechas de supuesta comisión de delito) quedó probado en audiencia (que no cotejaban con los datos reales), aparece la Fiscalía aparece para cambiar las fechas por tercera vez, para cambiar la base fáctica de la imputación (…) No se puede cambiar la hipótesis de cualquier manera”, reprochó.
Previamente, Alegre ya había apelado la propia imputación, alegando serias irregularidades en los hechos que le imputó la Fiscalía, ya que insiste en que él no tiene relación con los documentos cuestionados, puesto que también era candidato y por lo que estaba impedido además de ejercer labores administrativas en dichas elecciones.