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La Corte Suprema de Justicia decidió limitar desde hoy las actividades en el Poder Judicial, debido a los casos de COVID-19 entre magistrados y funcionarios. A raíz de la medida, el juicio oral contra Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero, que debía iniciarse en la fecha, quedó postergado.
El anuncio fue realizado ayer, pero la oficialización de la medida se dio a conocer hoy con la presencia de todos los involucrados.
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“Con el dictamiento de la acordada ayer, era evidente que eso tenía que suceder. Lastimosamente, tuvimos que venir hasta aquí a aglomerarnos, como se debió evitar. Nosotros queríamos que se haga el juicio, estábamos preparados para todo lo que iba a suceder, convencidos encima de que al producirse las pruebas, concluido esto, Óscar González iba a salir absuelto”, manifestó hoy la abogada Sara Parquet.
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Consultada sobre posibles acciones a tomar, Parquet señaló: “A fin de que se realice el juicio, desistimos de la excepción de la constitucionalidad, eso sí está en la Corte aún, pero de nuestra parte allanamos el camino para que esto se pueda hacer”, afirmó.
Llamativamente, minutos después de la postergación del juicio por el caso Audios Filtrados, el pleno de la Corte Suprema dispuso que los juicios orales ya calendarizados se realicen con la cantidad mínima de personas o a puertas cerradas. Es decir, con la modificación que el pleno introdujo, hoy podía haber iniciado el juicio oral contra Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto.
Este es el único juicio que se valió de esta medida. Una vez más, Óscar González Daher logró huir y no enfrentar el juicio.
Según los audios hechos públicos en 2017, OGD manejaba una compleja trama de extorsiones y favores desde su cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Estos audios demostraron el funcionamiento de una red mafiosa para torcer la justicia con coimas, favores y presiones con ataques o complicidad de jueces y fiscales. Sin embargo, el proceso, considerado como un histórico logro ciudadano, podría quedar en impunidad mediante la Operación Cicatriz.