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El domingo pasado aparecieron unas coronas mortuorias frente a la ANR con mensajes como: “FTC 14 millones de dólares. Dos niñas muertas”, “Que en paz descanse. Paraguay 1954″ o “Vándalos de la Patria”. Inmediatamente, autoridades del partido ordenaron su remoción y quisieron conocer quiénes las colocaron allí.
Para ello, usaron a la Policía, que fue hasta la florería Vemay, en el microcentro de Asunción, para hacer las averiguaciones, consiguiendo los datos que buscaban. Este hecho fue duramente cuestionado porque no constituye delito alguno.
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En este contexto, el senador Tony Apuril, del Partido Hagamos, presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, informó este martes en conversación con ABC que ayer se envió un pedido de informe en relación a este caso, ya que constituiría un amedrentamiento por parte de una entidad del Estado.
“Ya por este tema se hizo un pedido de informe para poder tener una versión veraz, oficial, de qué lo que realmente pasó (…) En mi opinión, la Policía se convierte en una suerte de investigador privado porque ahí no ocurrió nada, solo se usó a la Policía para averiguar algo que ellos pudieron haber averiguado llamando por teléfono. Apenas se reciba se le va a convocar (al comisario Carlos López, jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana) para conocer qué fue lo que pasó”, dijo Apuril.
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En otro momento, pidió al afectado que radique una denuncia en la comisión para que más organismos del Estado que abogan por los derechos humanos puedan actuar. Dijo que puede hacerlo con una simple llamada.
“Si el señor radica una denuncia en la comisión de DDHH —él puede hacerlo— basta que se haga una llamada. Esa sí es una documentación con la que podemos obrar. Estos antecedentes van a correr a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que son los que verifican la conducta (del comisario López) (…) Una cosa es velar por la garantía de los DD.HH. y otra para el ascenso. Creo que justamente ahora es la época (de ascenso), entre octubre y noviembre”, añadió.
Apuril sostuvo que existen varios caminos jurídicos con los que actuar. “Tenemos los brazos jurídicos necesarios para hacer las averiguaciones. Puede significar un montón de consecuencias. Sería genial si el señor quiere hacer una denuncia, porque ese es un elemento que tenemos para activar”, insistió.
Sobre el informe solicitado, indicó que se envió a la Comandancia. “El comandante de la Policía (Francisco Resquín) está obligado (a responder). Generalmente ellos responden la consulta y la ponen a disposición de la Cámara. Cuantas más herramientas tengamos para actuar, mejor”, señaló.
Por último, el legislador calificó de “inaceptable” el uso de una institución del Estado para amedrentar a los ciudadanos. “Es lo que único que puedo decir porque se están llevando adelante procedimientos y actuaciones que van a desembocar en alguna consecuencia que espero sea lo más justa posible”, concluyó.