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El ministro auditor del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo, afirmó ayer a ABC que la institución recibió el informe de auditoría interna del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y que solo hizo una consolidación del mismo, lo cual no significa que se intervino para verificar que lo reportado sea tal como se informó.
Añadió que es responsable de investigar a 133 instituciones públicas y no dispone de la capacidad para cumplir con la alta demanda, por lo que las auditorías son aleatorias, y por el mismo motivo es que realiza una homologación de la auditoría interna del proceso de control interno. “Actualmente no tenemos pedido de auditoría al MUVH y no actuamos de oficio”, afirmó el ministro Cardozo. La solicitud debería realizarse por la máxima autoridad de esa institución, Dany Durand, o el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La semana pasada, Durand exhibió en conferencia de prensa transmitida por el canal estatal que la supuesta evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y dijo en vivo que “da un consolidado de 4,52 sobre 5 en donde prácticamente todos los procesos que se están llevando dentro del ministerio son claros y transparentes de acuerdo a la ley”.
Se trata de una respuesta a las críticas de falta de transparencia a su administración, en particular del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis). “Con esto queremos demostrar que estamos totalmente transparentes como lo dice el propio Gobierno que nos audita”, había afirmado el ministro.
Sin embargo, ahora el propio titular de la institución auditora desmiente que exista tal investigación.
Esta situación muestra una vez más la falta de apertura de todos los procesos de su gestión, así como la reforma del Fonavis que permita un control y seguimiento ciudadano.
Refuerzan sospechas
Existen indicios de que las viviendas sociales son más caras que en la administración anterior, a cargo de Soledad Núñez, y serían de menor calidad.
El ministerio no divulga en su portal las especificaciones técnicas de las obras ni los informes de los fiscales de obras que con fotografías evidencien el proceso de construcción para constatar que los recursos públicos son destinados a las viviendas, tal como figuran en los papeles. Con estas contradicciones, se refuerzan las sospechas de que existe un esquema de sobrefacturaciones de casas y una repartija discrecional de los fondos públicos a través de las organizaciones que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, las que a su vez contratan a “constructoras”, sin ningún mecanismo de control ciudadano ni seguimiento de los contratos.