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En una resolución dictada ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría inmediata al expediente de narcotráfico y el trámite registral ejecutado ante las oficinas de la Dirección de los Registros Públicos, en cumplimiento de la sentencia dictada en agosto del 2007.
Paralelamente, Martínez Simón ordenó la remisión de los antecedentes del caso al Ministerio Público, para la investigación correspondiente a los responsables de los hechos denunciados.
Las medidas fueron adoptadas a raíz de una denuncia presentada por la jueza penal de ejecución de sentencia María Teresa Ruiz Díaz.
Ruiz Díaz, quien fue designada para el cargo en julio del año pasado, se encontró con la sorpresa de que nada menos que 16 inmuebles de los 21 comisados al testaferro del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita, Leoncio Marecos, y su esposa Zulma Ríos de Marecos, están a nombre de terceras personas.
Estas propiedades están ubicadas en Asunción, Fernando de la Mora, Chaco y Villeta.
La situación quedó al descubierto cuando la Procuraduría General de la República inició las gestiones para incorporar dichas propiedades al patrimonio del Estado.
“Sin la apertura de una investigación, no se podrá determinar las razones por las cuales no se procedió a la inscripción de estos inmuebles, si los errores están relacionados a los juzgadores, al Ministerio Público o a la Dirección General de los Registros Públicos”, señaló Ruiz Díaz en la nota que presentó a la Corte, para solicitar una investigación de los responsables del perjuicio al Estado paraguayo.
El 24 de noviembre de 2004 fue capturado en una estancia de Alto Paraguay, perteneciente a su cómplice Leoncio Ramón Marecos, con 260 kilos de cocaína que acababan de ser traídos en una avioneta desde Colombia. Luego fue extraditado a Estados Unidos donde estuvo ocho años presos.
El 14 de agosto del 2007, Leoncio Marecos, testaferro de Mendes, fue condenado a 20 años de cárcel por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal; su esposa Zulma Ríos de Marecos a 10 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero y asociación criminal. El colegiado dispuso, además, el comiso de los 21 inmuebles ya referidos.
Medida de no innovar
Por otro lado, Ruiz Díaz decretó medida de no innovar con relación a los cinco únicos inmuebles –dos de Limpio, dos de Villa Elisa y uno del Chaco– que aún siguen a nombre de los condenados.
Sin embargo, en su nota, la magistrada precisa que no tiene información sobre el cumplimiento de dicha disposición, pese a que se cumplió en exceso el plazo previsto para la contestación.