Con cierre de ruta, dirigente indígena evita prisión

CORPUS CHRISTI. La jueza penal de Garantías de Katuete, Alcira de Sousa, levantó la orden fiscal de detención que pesaba contra el dirigente indígena Antonio Carrillo, tras un cierre de ruta de dos días protagonizado por el citado “cacique” y sus seguidores. El mismo está acusado de coacción y extorsión grave por productores de soja de la zona.

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La medida a favor de Carrillo fue dispuesta tras la presentación del mismo ante la mencionada magistrada, luego de permanecer prófugo por más de un mes. El mismo contaba con orden fiscal de detención expedido el pasado 23 de julio por el agente Israel Villalba, de Salto del Guairá, quien además había solicitado su prisión y declaración de rebeldía.

Ante esta situación, Carrillo y sus seguidores salieron a cerrar la ruta PY03 a la altura de Yhovy, el pasado miércoles y jueves, exigiendo que se revoque la medida fiscal que pesaba contra él. Logró su objetivo con la ayuda de la asesoría jurídica del Indi. En la misma causa está procesado igualmente Ari de Oliveira, socio de Antonio Carillo.

Denuncia en contra de Carrillo

Los dos están acusados de haber cometido hechos punibles contra la libertad del patrimonio, coacción, extorsión agravada y amenaza de hechos punibles. Los denunciantes son la Empresa Laguna S.A. y la firma Principado Agropecuaria S.A.

De acuerdo a los datos, Carrillo tras tener problemas con los dirigentes de la comunidad indígena Yapo del distrito de Villa Ygatimí se asentó en tierras de la empresa Laguna SA, liderando un grupo de indígenas, desde donde extorsiona a los arrendatarios de dichas tierras.

“Los mismos actúan realizando cierres de rutas y medidas de fuerza con el objetivo de forzar a los productores a entregarles dinero por cada cosecha, varias veces siendo despojados de grandes sumas de dinero y amenazados de muerte por el señor Antonio Carrillo. Obligan a pagarles sumas de dinero o a entregar la mitad de los granos producidos por las tierras”, señala la denuncia contra el líder indígena.

Jorge Fleitas, uno de los patrocinantes de los afectados, asegura que las tierras ocupadas por Carrillo y sus seguidores pertenecen a la empresa Laguna S.A y Principado Agropecuaria S.A que tienen título legal y lindan con las tierras compradas para los indígenas en la colonia “4 Bocas”, del distrito de Corpus Christi.

“Pero este grupo ingresó a la propiedad privada de las empresas bajo directivas del señor Antonio Carrillo, con el fin de apropiarse de las mismas por medio de la fuerza y violencia”, indicó.

“Negamos enérgicamente que fueran tierras ancestrales, pues las mismas se encuentran en otro lugar no en las tierras de la empresa. Y este Antonio Carrillo se aferra a las mismas pues obtiene sumas de dinero con la extorsión a los arrendatarios en cada cosecha y con la venta de maderas con el desmonte de los bosques”, aseguró Fleitas, al confrontar la versión de que mismas fueron ocupadas por tratarse de tierras ancestrales.

Según el abogado, las tierras donde existe conflicto son propiedad privada y pertenecientes a las empresas demandantes a más de 40 años, “desde 1973 exactamente, se cuenta con los títulos de propiedad y la posesión es publica e inequívoca, anteriormente conocida como Estancia Americana”, explica.

Por último, Fleitas dijo que respetan la comunidad indígena, pero repudian a personas inescrupulosas como Antonio Carrillo, que utiliza a un grupo de nativos para personalmente obtener beneficio patrimonial, a través de la extorsión a los productores que están trabajando la tierra legalmente.

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