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La cartera informó que está ajustando los detalles finales del plan de gasto y que en la próxima semana pondrá a consideración del Congreso para su estudio.
“Se trata de un plan austero, contenido, acorde con los lineamientos y la política del Poder Ejecutivo de racionalización del gasto y optimización de los recursos públicos, también ajustado a la coyuntura actual como consecuencia de la pandemia del covid-19 que afecta al Paraguay y al mundo”, indica el informe de Hacienda.
El proyecto de PGN 2021 sería similar al presupuesto inicial 2020, es decir, al monto aprobado por el Congreso y que empezó a ejecutarse en enero, teniendo en cuenta que el vigente desde abril ya aumentó a G. 96,6 billones (US$ 15.139 millones).
El aumento obedece a los préstamos y la emisión de bonos autorizados por ley de emergencia sanitaria para enfrentar el covid-19 y mitigar sus efectos en la economía del país, lo que llevó la deuda pública de 22,9% a 30,9% del PIB actualmente, considerado el tope razonable para organismos financieros y economistas locales.
Según las proyecciones, a fin de año el nivel de endeudamiento alcanzará el 34,5%, con lo que empezaría el año próximo y a lo que se sumará posteriormente las nuevas deudas a ser contraídas, tanto por el lado de préstamos y la emisión de bonos.
Hacienda explica que el proyecto se elabora sobre la base de un crecimiento del 5% del producto interno bruto (PIB), una inflación del 3,8% y un tipo de cambio a G. 7.092 por dólar, en tanto que el déficit fiscal se mantiene en el tope de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Las autoridades habían señalado anteriormente que se ajusta al tope, pero esperando la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal que será puesto en breve a consideración del Congreso, de tal manera a que el próximo año se pueda cerrar con un déficit mayo y converger al 1,5% recién en un plazo de entre 3 y 4 años.
La cartera también menciona que contemplaría la emisión de bonos del tesoro por un monto de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones, con lo que confirma que se mantendrá el nivel de endeudamiento con esta herramienta financiera.
La nota de Hacienda recoge declaraciones del ministro López, quien manifestó que históricamente la cartera ajustaba el plan a los ingresos de manera unilateral, pero este año se determinó que cada ministerio o entidad trate de acomodarse a los ingresos.
Sostuvo que “es imperioso ajustar el presupuesto a los ingresos, ya que éstos van a ser menores a lo proyectado, debido a las caídas registradas el año pasado y este año, de casi US$ 900 millones menos, lo que sin lugar a dudas afecta a todo el funcionamiento del Estado y urge acomodarse a esa realidad”.
En ese contexto, mencionó que toda la cartera de obras públicas es clave para la reactivación económica, por lo que desde Hacienda se apoya el planteamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que tiene alrededor de US$ 1.200 millones en obras para realizar, lo que tendrá un impacto importante.
Aclaró que todas las obras con financiamiento proseguirán, y las que no tienen financiamiento deberán esperar hasta que se encuentre cómo financiarlas.
Añade, que el ministro López señaló que el desafío que tenemos es hacer un ajuste de cinturón en materia de gastos, ser muy austeros, dado que el esfuerzo fiscal que está haciendo el país es enorme y se tendrá que ir acomodando en el tiempo, para adecuar las expectativas, mantener la calificación e incentivar la inversión privada, que es clave, ya que de esto dependerá la reactivación.
Por su parte, el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, señaló que el PGN 2021 que se enviará al Congreso Nacional estará sujeto a la capacidad tributaria estimada para el próximo año y se ajustará a los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente, es decir, se respetará el tope del 1,5% de déficit fiscal.
Además, se prevé un crecimiento cero en materia de gastos corrientes, principalmente, en términos reales. Añadió que el desafío es tratar de que el Presupuesto para el 2021 satisfaga todas las demandas en materia de servicios públicos o bienes que entrega el Estado y, sobre todo, que sea financiable y sostenible.