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Esta mañana, en comunicación con ABC, Pablo Seitz, titular de la DNCP, habló sobre un listado de flaquezas que a través de un análisis entre varios sectores han hallado en la Ley 2.051 –que regula la institución, que data ya de 2003– con el objetivo de actualizarla.
En ese contexto, confirmó que, por ejemplo, recién cuando se concluyó el proceso y si se publicó absolutamente todo lo que se tiene que publicar, tanto las actividades de control como la ciudadanía se enteran de quiénes conformaron el Comité de Evaluación, que es una de las actividades más importantes del proceso de selección, que consiste en evaluar lo recibido como oferta.
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Indicó que tampoco se tenía información concreta de los funcionarios que integran las Unidades Operativas de Contratación, que en total son más de 400 en las distintas instituciones públicas que tienen a su cargo la conducción de todos los procesos licitatorios.
El director de Contrataciones indicó que, si bien la normativa actual en su momento sirvió para ordenar el escenario de compras, actualmente ya se encuentra desfasada. “Estamos en un sistema de selección de oferta que apunta solamente al producto más bajo. No se puede juzgar la calidad, sino que el Estado depende de lo más barato”, agregó.
También comentó que hay ofertas que se hicieron en enero y febrero, pero que las instituciones siguen evaluando. En ese punto, cuestionó la diferencia de precios que puede haber ya entre estos meses que pasaron y que el oferente debe mantenerlo, mientras que no hay ninguna consecuencia por este acto. Lo más escandaloso es que informó sobre la existencia de licitaciones todavía en evaluación desde 2017, es decir, desde hace tres años. “Son muy pocas, pero no debería haber ninguna”, aseveró.
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Acotó que, en caso de que una firma incumpla alguna norma, actualmente la ley apenas permite sancionar a la empresa que proveyó, pero no habla de sus directores, accionistas ni mucho menos de otras empresas vinculadas. Este “vacío” permite que un clan pueda burlar el sistema; por ejemplo, si una empresa es sancionada, puede presentar a la otra a la cual está vinculada y de igual manera quedarse con una licitación. También es importante resaltar que hay solo un plazo de entre tres meses y tres años para suspender a una empresa.
Por los motivos expuestos, Contrataciones quiere buscar mecanismos para extender el tiempo de inhabilitación de firmas que presenten incumplimientos o estén implicadas en negocios turbios comprobados, además de prever una sanción para los directivos.
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Además, señaló que la ley no hace referencia a los precios. “El precio de referencia es un parche administrativo creado por la administración que funciona a medias, pero no hay una obligación de comparar el precio ofertado con lo que existe en el mercado para saber si estamos pagando o no un precio razonable”, detalló.
Agregó que toda la contratación pública se debería hacer con el recurso financiero seguro, es decir cuando el Estado sabe que cuenta con ese dinero para realizar la compra. “Tenemos un mal balance de la situación: por un lado, adelanto innecesario del Estado a sus proveedores, y por otro lado tenemos un promedio de pago de 90 días, que tiene un costo financiero que termina absorbiendo el Estado”, declaró.
Finalmente, sostuvo que de cada 10 contrataciones que realiza el Estado paraguayo, son 0,7 los procesos que son anulados. “Es lo que puedo dar de datos ciertos; de percepción es otra cosa”, indicó, pero posteriormente estimó que de 10 operaciones, 3 pudieron presentar inconvenientes, es decir que hay un 30% de procesos que se pudieron haber llevado de mejor manera, enfatizó.