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Este lunes, en audiencia preliminar, el juez Amarilla se allanó al requerimiento conclusivo presentado por los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Osmar Legal y Federico Delfino, en el caso de Ronaldinho y su hermano Roberto. Los agentes del Ministerio Público pidieron una salida procesal para evitar elevar la causa a juicio oral.
Por resolución del juzgado, Ronaldinho fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras que para su hermano Roberto, se resolvió aplicar un procedimiento abreviado, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
“Es decir, Roberto, la justicia paraguaya te condena por el uso de estos documentos falsos pero también te beneficia con la suspensión de la condena a prueba”, expresó el juez al respecto. Posteriormente, detalló las medidas que serán aplicadas al mismo, entre las que destacó que el dinero que será pagado como reparación de daño social, será destinado a la lucha contra la COVID-19. “Se levanta el arresto domiciliario que tenés”, acotó el magistrado.
En lo referido a Ronaldinho “conforme a la expuesto por el Ministerio Público -independientemente al acuerdo que hayan llegado con la defensa- el juzgado resuelve la suspensión condicional del procedimiento”, explicó el juez.
También señaló que en el caso del exfutbolista, no es necesaria la comparecencia ante la justicia de Brasil, ya que con el pago por el daño ocasionado es suficiente. Por otra parte, se decidió que el deportista no debe cambiar de residencia o número telefónico, según apuntó.
Con relación al pago de los US$ 90.000 el juez estableció que US$ 60.000 será para la adquisición de insumos para la lucha contra el coronavirus, específicamente al Hospital de Clínicas y los US$ 30.000 restantes a la campaña solidaria “Todos por Bianca”, para al tratamiento de la pequeña Bianca, quien sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME).
Amarilla, destacó que el dinero que será entregado Roberto de Assis Moreira como reparación del daño social, será destinado a la compra de insumos para enfrentar a la pandemia en las penitenciarias. “Se conoce la realidad de lo que son nuestras cárceles y la precariedad en que viven no solo nuestros internos con prisión preventiva y condenados sino que también nuestros guardiacárceles y funcionarios de los penales, así que ese fue el espíritu del destino de ese primer dinero (US$ 110.000) que hace a la suspensión de la condena a prueba”, aseveró.
El hermano de Ronaldinho si deberá comparecer ante la instancia judicial brasileña dispuesta, cada cuatro meses.
Posición de la Fiscalía
Entre los argumentos del requerimiento conclusivo el Ministerio Público resaltó que “no se ha detectado algún elemento que compruebe que Ronaldinho haya tenido una directa participación en la planificación de la obtención de los documentos irregulares, extremo que de manera alguna lo exime de la responsabilidad de tener dominio y decisión del uso de instrumentos que, valga la reiteración, son del espectro personalísimo de las personas”, por lo que solicitaron aplicar la suspensión del proceso.
En cuanto a Roberto según la Fiscalía “no surgen indicadores de que tenga rasgos personales o de conducta criminales que en un ámbito de libertad reglada ponga en peligro a la sociedad”.
“Los fiscales se ratifican íntegramente en el requerimiento”, señaló el fiscal Marcelo Pecci en su alocución. Argumentó que es innecesaria la inversión de recursos materiales y de justicia en un juicio oral cuya sanción monetaria sería de igual cuantía a lo requerido para el juicio.
Según el fiscal Pecci, ambos hermanos fueron sorprendidos en flagrancia en el delito de utilización de documentos con contenido falso y ambos hechos son reprochables.
Con relación a Ronaldhino, el agente fiscal dijo que no tienen pruebas de que él haya tenido conocimiento del origen del documento falso, pero sí hizo uso de este para su ingreso al país. En cuanto a Roberto, el hermano del astro del fútbol, indicó que este si tuvo conocimiento previo de la elaboración y confección de los documentos. Fue él quien proveyó de las fotografías que fueron utilizadas para la preparación de los pasaportes.
Los citados hechos, constituyen la diferenciación por la cual para Dinho pidieron la suspensión condicional del procedimiento mientras que para su hermano, la aplicación de un procedimiento abreviado, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, conforme a la explicación brindada por los agentes del Ministerio Público.
Pecci, igualmente recalcó que el proceso ha sufrido notorias dilaciones que intentan desviar el trabajo fiscal pero en el caso de los hermanos de Assis “litigaron de buena fe”, un elemento que motivó la posición de la Fiscalía.
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El Ministerio Público pidió que a Ronaldinho le sea impuesta como reparación del daño social ocasionado con su conducta, la suma de US$ 90.000, en efectivo, además de la fijación de un domicilio fijo en la República Federativa del Brasil, registro de comparecencia trimestral ante la autoridad judicial de dicho país, y cualquier otra obligación que el juzgado considere oportuna.
Para su hermano se estableció como regla de conducta la imposición de la suma de US$ 110.000, en efectivo, en concepto de reparación del daño social causado, y las mismas otras condiciones solicitadas para Ronaldo.
Alocución de la defensa
Los abogados defensores de Ronaldinho y su hermano, se allanaron al pedido de la Fiscalía. Asimismo, pidieron que la comparecencia de los hermanos en Brasil sea ante el Consulado Paraguayo pero a esto se opusieron los fiscales alegando que se rompería con el circuito judicial.
Por otra parte, aclararon que las conversaciones en las que Roberto de Assis menciona las fotos para los pasaportes, son en respuesta al pedido que le fue hecho por uno de los coprocesados.
Además, solicitaron que de los US$ 1.600.000 que depositaron como caución, se descuente el monto de dinero establecido como reparación del daño, que suma US$ 200.000.
También agradecieron a la Fiscalía que haya tenido en cuenta la predisposición y cooperación de sus defendidos en la investigación.
Por su parte, el juez Amarilla consultó a los acusados si estaban de acuerdo con las medidas establecidas en el proceso, a lo que las respuestas fueron afirmativas. Además, los hermanos prefirieron no prestar declaración.
Antecedentes
Los hermanos de Assis Moreira cumplieron arresto domiciliario, desde el pasado 7 de abril, en el Hotel Palmaroga de Asunción, tras estar recluidos preventivamente en la Agrupación Especializada de la Policía, donde ingresaron el 7 de marzo luego de ser detenidos ese mismo día en el Hotel Sheraton, cuando estaban a punto de salir del país.
Ronaldinho y Roberto fueron procesados por presunto uso de documentos de contenido falso. Ambos ingresaron al país el 4 de marzo pasado para participar de la inauguración de un casino y de una actividad benéfica, pero las autoridades nacionales se percataron de que los dos portaban cédula de identidad paraguaya falsa y pasaportes adulterados.
Sigue prófuga
La empresaria Dalia López, quien trajo a Dinho a Paraguay, está con orden de captura desde marzo y no se pone a disposición de la justicia porque no le agrada la posibilidad de ir a prisión.
La mujer había anunciado que Ronaldinho venía a Paraguay para la presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, cuya meta era brindar asistencia médica gratuita a niños carenciados en todo el país. López dijo representar a la fundación Fraternidad Angelical.
El astro del fútbol mundial también presentaría su libro “Crack en la vida”. Dicho evento estaba previsto para el 6 de marzo, a las 15:00, en el Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, donde Dinho y su hermano se hospedaron.
El 7 de marzo, la Fiscalía ordenó la detención de Dalia y el 18 de ese mes la jueza Lici Teresita Sánchez dictó la rebeldía de la empresaria, quien no compareció para la audiencia de imposición de medidas. El 25 de marzo, el juez de Garantías Gustavo Amarilla libró la orden de captura internacional de la empresaria, pero hasta ahora la misma sigue prófuga.
Los abogados de López afirmaron que la procesada no quiere presentarse ante la justicia porque no le agrada la posibilidad de ir a prisión, como solicitó el Ministerio Público en su imputación.
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