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El referido proyecto de reforma contempla la creación de un Registro de Proveedores más actualizado, que sería una evolución del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Según Seitz, esa actualización sobre los datos de los proveedores será clave para el cruzamiento de datos, saber qué empresas están vinculadas entre si, a fin de evitar los conflictos de intereses.
Un sistema de datos más actualizado que permita identificar empresas que cuenten con inhabilitaciones. Gran parte del trabajo preventivo de no incorporar a los proveedores del Estado a las llamadas empresas de maletín puede solucionarse a través de la información adecuada referente a los oferentes. “Esto no es un simple cambio de nombre, pretendemos incorporar la obligatoriedad del registro de datos de los oferentes”, afirmó.
Otro de los puntos a modificar es el que tiene que ver con la aplicación de las sanciones, ampliando el campo de aplicación de las mismas, una mejor clasificación de las faltas en leves y graves, entre otros aspectos.
Acerca de las inhabilidades para contratar, también se busca extender el concepto para una mayor claridad de los impedimentos.
Seitz indicó que hay aspectos de la reforma que requerirán necesariamente una adecuación legal y que se estará analizando en el Congreso en este semestre, pero que también hay otros aspectos de tinte operativo como la modernización de la página de Contrataciones Públicas, que no requiere de una ley para llevarla a cabo.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, solo con mejoras en las herramientas del sistema de compras públicas el Estado se ahorraría alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de US$ 400 millones, pero otros estudios hablan de hasta 4% del PIB.