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El comunicado remarca que son los funcionarios, quienes ante sospechas de contacto con un caso positivo o al tener síntomas, los que deben reportarse al sistema de llamadas 154 y gestionar su constancia de aislamiento preventivo, y con ese documento, los empleadores deben comunicar al Instituto de Previsión Social (IPS) la gestión del cobro por reposos previstos tanto para casos confirmados como por aislamiento preventivo.
El comunicado también remarca que para restituirse en su puesto, al empleado le basta con cumplir los 14 días de aislamiento y no contar con síntomas de la enfermedad, es decir, “sin necesidad de un informe médico”.
“Los empleadores no deberán exigir a los trabajadores la presentación del resultado negativo para ingresar o reintegrarse en la empresa”, agrega el documento.
ABC recibió por su parte denuncias de funcionarios del propio ministerio de que existió supuestamente resquemor por parte de la directora de Trabajo, Karina Gómez, de otorgar permisos a sus funcionarios, pese a que tuvieron una reunión con un conocido caso sospechoso de COVID-19. Las fuentes mencionaron que se realizó una reunión tripartita en la Dirección del Trabajo, donde asistió uno de los sindicalistas cuya esposa está internada por COVID-19.
Según refirieron, los funcionarios solicitaron acogerse al aislamiento y someterse a la prueba de COVID-19, pero el pedido les fue denegado por Gómez. No obstante, hicieron el trámite ante el sistema 154 y “a duras penas” se logró el reposo. Dijeron que las pruebas no podrán realizarse ya que se requiere una comunicación por parte de la institución, lo cual les negaron. También denunciaron que supuestamente no se procedió a la fumigación para la desinfección de las oficinas.
Intentamos contactar con responsables de Talento Humano de la Institución, pero se limitaron a través de un comunicado que existen funcionarios en “aislamiento preventivo”, trabajando desde sus casas y que hasta el momento no hay casos positivos en la institución.