Cargando...
Poco después de las 09:00 del jueves 13 de agosto pasado, dos sicarios segaban la vida de Celsa con tres tiros de pistola calibre 9mm, sobre una de las avenidas más transitadas del barrio San Lorenzo de Pilar. La víctima estaba en el asiento del acompañante del auto que guiaba su esposo Víctor Sotelo Gómez (45), quien solo sufrió heridas leves, pese a que los disparos fueron efectuados desde su lado. El hombre explicó a los policías que cuando vio que les iban a disparar destrabó el respaldero de su asiento y se tiró hacia atrás, con lo que eludió las balas, pero su esposa no tuvo la misma suerte.
Los pistoleros que estaban a bordo de un Volkswagen Gol blanco escaparon del sitio y a cinco kilómetros del sitio quemaron el auto y continuaron la fuga hacia el sur en otro rodado.
La fiscala que tomó el caso e inició las primeras investigaciones con el objetivo de esclarecer el hecho fue Ana Luz Franco de Stete, quien también es la esposa del intendente local Cristóbal Alfredo Stete. Sin embargo, esta agente rápidamente fue desvinculada del caso y el pasado martes la Corte Suprema de Justicia la nombró nueva integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal, Laboral, de la Niñez y Adolescencia de Ñeembucú.
Tres fiscales de la unidad Contra el Crimen Organizado fueron enviados a Pilar para investigar, junto al fiscal de Pilar Carlos Acuña, el asesinato de Celsa, que supuestamente fue ordenado por los capos del ordeño de combustible afincado en la región. Aparentemente, la víctima formaba parte de esta estructura criminal y luego la sacaron del “gremio”, por lo que ella comenzó a efectuar una serie de denuncias sobre el tráfico ilegal de carburantes a través de los medios de prensa, hasta que ocurrió el asesinato para callarla definitivamente, según la hipótesis que manejan los investigadores.
Varios allanamientos se realizaron e incautaron celulares que serán peritados.
Piratas de agua dulce
De acuerdo con los pobladores de Pilar, tres clanes familiares son los que dirigen el robo de combustible en la zona de Pilar y luego se encargan de distribuirlo en todo el departamento.
Usan enormes lanchones que acoplan a las grandes barcazas que transportan el carburante para Petropar y sin parar la marcha, bombean miles de litros de combustible desde estas embarcaciones al servicio de la estatal, gracias a potentes motobombas y gruesas mangueras.
Las lanchas descargan el producto en los distintos atracaderos clandestinos instalados en la ribera del río Paraguay.
Igualmente, se supone que las embarcaciones privadas venden a los miembros de estas estructuras mafiosas todo el carburante que logran ahorrar gracias a algunas mañas durante los viajes río arriba, de acuerdo con denuncias recibidas.