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Según el gremio, el proyecto apunta a reemplazar el anterior, que a principios del año pretendía instaurar tiendas fronterizas, que no tuvo acuerdo entre el sector empresarial nacional.
Destaca que ya en esa oportunidad, varios organismos del Estado tales como el propio Ministerio de Hacienda, al igual que la Dirección Nacional de Aduanas, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan), entre otras instituciones, manifestaron la imposibilidad de control y de ofrecer garantías para impedir que las mismas mercaderías sean comercializadas en el mercado interno o zonas comerciales habituales del país.
La organización de importadores considera inconstitucional al citado proyecto de ley, que es impulsado por comerciantes fronterizos, por atentar contra los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica.
Explica que el citado proyecto pretende establecer un sistema de tributo o régimen diferencial, ya no solo para zonas fronterizas como el anterior sino para todas las cabeceras departamentales del país, y la asimetría en el cobro de impuestos que se plantea sería un factor que contribuirá aún más al trato discriminatorio para los empresarios que operan a nivel nacional. Por esa razón, el CIP advierte de un notable efecto negativo que podrá causar a la economía nacional, incluyendo una dramática caída de las recaudaciones del Fisco.
“Nos oponemos porque dicho proyecto dispondría que se pueda importar toda clase de mercadería que no sea prohibida. Por ende, las mercaderías importadas por este sistema no podrán ser tramitadas, registradas, verificadas, controladas ni certificadas por las instituciones naturales de control del Estado paraguayo”, expresa el gremio.
Añade que al soslayar los controles de los ministerios de Industria, Salud, Agricultura, Ambiente, entes de control como Senave, INTN, Inan y otros, los productos representarán un gran peligro para la salud pública. Alega que también se generará desigualdad en los controles sanitarios del comercio paraguayo, además de alentar al peor y mayor flagelo para la economía paraguaya, que es el contrabando.
CAP propone diálogo
Por otra parte, el asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, consultado respecto al referido proyecto de ley, dijo que su gremio propone constituir de inmediato una mesa de diálogo, para buscar soluciones ciertas y duraderas, viables y sostenibles, para las ciudades fronterizas, que son muy importantes para la economía nacional.