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Este jueves habló con ABC Ana Recalde, supervisora de Auditoría de la Contraloría General de la República, con respecto al trabajo que hicieron sobre el fallido proyecto Metrobús, que tras causar innumerables pérdidas a frentistas, molestias en el tránsito y desvíos interminables, no solo quedó inconcluso sino que las obras fueron demolidas.
“El total de la obra (...) En el marco de esta auditoría evidenciamos, por ejemplo, que existieron también no solamente los montos que están asignados dentro del contrato del préstamo que fue para Reconversión Urbana y lo que es Metrobús es solamente una parte del préstamo”, explicó.
“El préstamo que está aprobado por la Ley 5.133/ 13 se aprobó por US$ 47 millones en lo que refiere al 24/19; el 24/20, porque son dos, el otro es de US$ 78 millones, que fue suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también con la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional, que es el OFID, US$ 19 millones”, detalló.
De esta manera, confirmó que se hicieron tres préstamos de US$ 144 millones para el proyecto denominado programa “Reconversión Urbana, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”, que en la parte de transporte contemplaba el metrobús, cuyo presupuesto global era de US$ 115.900.000, que incluye los préstamos más la contrapartida local, pero no pudo confirmar cuánto dinero de este total se gastó para el proyecto fallido.
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Argumentó que el trabajo se hizo en dos direcciones: una que trata de la Dirección de Documentación Central, a su cargo, y otra en la Dirección de Control de Obras Públicas, a cargo del Ing. Derlis Cabrera, área en que –aseguró– manejan esos montos.
Al ser consultada si le parece que hubo un daño patrimonial en la iniciativa fallida, respondió: “Como ciudadana diría que hay una deuda que el Estado tiene que hacer frente y esa obra hoy ya no existe”.
Asimismo, ratificó que efectivamente en dos administraciones no se cobraron más de G 14.000 millones, por “incumplimientos de metas parciales en los certificados que el MOPC no llegó a descontar en el pago siguiente”, expresó.
Además, sostuvo que falta otro paso antes de que estos documentos lleguen a la Fiscalía. “Bajo la determinación del dictamen que tuvimos de Asuntos Jurídicos, una de las observaciones de los resultados que obtuvimos de la auditoría va a ir a una dirección interna para su profundización y, de acuerdo a eso, al Ministerio Público”, indicó.
Documentos se perdieron
Comentó además que tuvieron muchas dificultades para hacer el trabajo porque algunos documentos se perdieron en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Si lee en algún momento la totalidad del informe, va a ver que abarcamos desde el inicio de la obra y tantas veces en el MOPC se cambió de lugar lo que era el proyecto Metrobús el encargado, muchas de las informaciones en ciertos momentos se perdieron, entonces nosotros tuvimos que circularizar a otras empresas de manera a tener la información completa”, manifestó.
Incluso, señaló que en una de las notas, el MOPC agradece a la Contraloría por hacer este trabajo porque de cierta manera realizaron una recuperación históricas de datos.
Antecedentes
El MOPC adjudicó las obras del metrobús en febrero de 2016 a la compañía portuguesa Mota-Engil Ingeniería y Construcciones SA por G. 300.000 millones, casi 7% más que su oferta inicial. Casi un año después, en enero de 2017, Mota Engil empezó a trabajar, con un plazo inicial de 18 meses, que concluía a finales de 2018. No obstante, en noviembre de 2017 ya fue ampliado a 22 meses y durante ese tiempo varios frentistas sufrieron pérdidas económicas y muchos de ellos debieron cerrar sus negocios, además del colapso que se causaba en los desvíos en las horas pico.
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El 17 de agosto de 2018, dos días después de que asumió Mario Abdo la Presidencia, el entonces nuevo ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens dijo que la contratista Mota Engil suspendería las obras bajo el argumento de que el Estado no había cumplido con varios puntos, entre ellos la liberación de franjas para los trabajos.
Si bien en un principio el Gobierno anunció la instalación de una mesa de crisis y varios meses después seguía hablando de la reconversión del proyecto, a inicios de abril de este 2020, el MOPC tiró abajo todas las paradas del proyecto y anunció que supuestamente los materiales se utilizarían para la construcción de hospitales en el marco de la pandemia de COVID-19. A pesar de todo el daño que generaron estas obras a la ciudadanía en general, además del gasto del dinero público, no hay autoridades imputadas por este caso.