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La Cámara de Apelaciones decidió hacer lugar a la recusación presentada contra el magistrado José Agustín Delmás por parte del defensor de Justo Ferreira, el abogado Andrés Casati. Este último argumentó que existe enemistad entre el juez y su persona, por lo que se ha inhibido en varias otras causas y cuestiona que no lo haya hecho en este caso.
En ese contexto, los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Santander y José Waldir coincidieron básicamente en que si un juez tuvo alguna vez resentimiento con alguien que integra la causa no puede tener garantizada la confianza del pueblo, entonces si hay dudas sobre su imparcialidad es mejor que se aparte de la misma. No obstante, la Cámara advirtió al representante legal de Ferreira que si actúa de mala fe será sancionado.
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Casati representa en esta causa a Justo Ferreira, quien fue imputado por ser apoderado de las firmas Insumos Médicos SA, Metaway SA y Glasgow SA, ambas accionistas de Imedic, además de su hija Paticia Ferreira Pascottini, presidenta de Imedic, y el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra González.
Tanto Justo como Patricia fueron imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Entretanto, la imputación contra Gamarra es por producción de documentos no auténticos, contrabando y colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas.
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Antecedentes
Esta investigación se enmarca en el polémico contrato que el Ministerio de Salud hizo con Imedic –además de Eurotec– para la compra de insumos urgentes y camas hospitalarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Según la presunción del Ministerio Público, los ahora procesados se habrían valido de actos administrativos y documentos falsos para ingresar la carga china de contrabando.
El contrato fue firmado el 3 de abril pasado. La mercadería arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el sábado 18 de abril, lo cual fue anunciado con bombos y platillos por la estatal, en atención a que supuestamente llegaba todo lo necesario para enfrentar la pandemia en un momento en que el país estaba sometido a la cuarentena total.
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Posteriormente, parte de la carga fue rechazada por Salud debido a que no cumplía las especificaciones técnicas requeridas. Más tarde, la cartera de Estado debió cancelar el contrato tras un informe de la Contraloría General de la República que calificaba la licitación de “viciada” por irregularidades.
En ese contexto, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, anunció no solo la cancelación del contrato, sino un sumario administrativo y el cobro de la póliza, porque además el Gobierno había entregado unos G. 17.000 millones de adelanto supuestamente para asegurar los insumos que escaseaban en ese entonces.
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Esto produjo una situación crítica en el panorama nacional de ese momento, por la falta de insumos para poder luchar contra el nuevo coronavirus. Asimismo, los legisladores presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el Ministerio de Salud por este caso y la cartera estatal presentó una denuncia contra las proveedoras del Estado, por lo que se abrió una investigación fiscal.
Si bien el Ministerio Público imputó a los directivos de Imedic por este caso puntualmente, hasta el momento no hay ninguna noticia sobre la implicancia de los funcionarios de Salud en el proceso fallido.