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Villamayor conversó con ABC este lunes en relación al supuesto pago hecho a las empresas Imedic y Eurotec, ambas suspendidas por Contrataciones Públicas por el escándalo de los “insumos chinos”. El representante del Ejecutivo negó que se haya pagado dinero a ambas firmas, pero reconoció que el Estado tiene deudas con ellas por compromisos contraídos en otras administraciones, refiriéndose al gobierno de Horacio Cartes.
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“Yo no vi ninguna autorización de pago. No existe ninguna autorización de pago. Estas dos empresas, Eurotec e Imedic, son proveedoras del Estado hace mucho tiempo, no de esta administración, y tienen créditos de otros contratos del Ministerio de Salud. La empresa cedió sus créditos de otras provisiones —no de esta tan cuestionada—, de otras que fueron aceptadas en otras administraciones. Las cedió al Banco Continental. Como cualquier cesión, requiere el concurso del deudor cedido, eso establece el Código Civil”, explicó Villamayor.
El jefe de Gabinete Civil indicó que la resolución del Ministerio de Salud que se filtró la semana pasada es una aceptación de la cesión de deuda, es decir que el MSP acepte pagarle las deudas que tiene con ambas empresas al Banco Continental y no a ellas.
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“Es aceptar que en vez de deberle a Imedic pasa a deberle al Banco Continental. Punto. No quiere decir que se le haya pagado a nadie”, sostuvo.
Villamayor añadió que este tipo de reconocimiento de deudas se hace tras un análisis dentro del Ministerio de Salud. “(Imedic y Eurotec) tienen crédito con el Estado en el sentido de que se les debe dinero, a todas las empresas farmacéuticas se les debe dinero. Entonces, ahora se está regularizando para saber cuál es el monto y autorizarles a todos”, detalló.
“El Estado va a pagar. Se tiene que producir la autorización del MSP para ceder los créditos. Ahora se está trabajando en el MSP para dejar en claro cuánto se le debe a esa empresa”, concluyó.
Las empresas Imedic y Eurotec ganaron a inicios de setiembre una millonaria licitación por G. 85.000 millones para proveer de insumos al Ministerio de Salud. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades no solo administrativas, sino médicas, porque ni las camas, los tapabocas o los trajes biomédicos que llegaron desde China reunían los requisitos técnicos o legales exigidos por el Estado.
Las firmas pertenecen a Justo Ferreira y a miembros de su familia. Él, junto a su hija Patricia Ferreira, están imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
De los G. 85.000 millones de la licitación, G. 17.000 millones fueron ya transferidos a Imedic y Eurotec a través de un irregular proceso por el cual están también sumariados funcionarios del ministerio. Sin embargo, no se conocen aún sanciones.