Este fin de semana, la máxima autoridad del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) envió un mensaje de “reflexión” al grupo interno de WhatsApp refiriéndose a las publicaciones del diario ABC Color. Lamentó que la periodista responsable de las publicaciones es hija de una exfuncionaria, sin embargo, evitó mencionar que la misma fue desvinculada de la institución hace más de 20 años con el cierre del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavis).

Durand indicó que más que la serie de investigación, lo que le preocupa es que la información se filtre de la institución, cuando su equipo lo que trata es “elevar la cantidad de obras, obtener más financiación y solicitar que los funcionarios ganen mejor”. Agregó que “como siempre hay un Judas, yo les pido que estén atentos”.

Durand será responsable de ejecutar US$ 40 millones como parte del plan de reactivación económica, y planifica edificar 6.000 viviendas aplicando la normativa de la Ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), la cual establece transferencias directas a organizaciones sociales denominadas “Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que a su vez contratan constructoras para ejecutar las obras. Todo sin que exista la posibilidad de un seguimiento y control ciudadano, tal como se da con la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.

Hace un año, el ministro prometió que no iba a beneficiar a Fundación Atlántica con adjudicaciones de proyectos de viviendas sociales tras denunciarse que la organización está vinculada al familiar de un exfuncionario de su confianza, José Correa, relacionado a su vez con una constructora beneficiada con millonarios contratos de la institución, Ingeniería Aplicada SA. Esta es solo una de las muestras de la discrecionalidad del manejo del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis).

Se intentó conversar con los responsables de ambas empresas, pero siguen sin responder las llamadas.

Por otra parte, desde la implementación del Fonavis, la institución destinó más de G. 1,9 billones, recursos obtenidos a través del pago de impuestos y que los contribuyentes no tienen posibilidad de conocer el destino de los mismos, cuáles son las empresas adjudicadas, cuáles son los antecedentes de cumplimiento de las mismas, quiénes son sus propietarios, entre otros datos de interés.

Consultado al respecto, en una entrevista dada a la radio 1020 AM, Durand respondió que eso es “vyrorei”. Señaló que lo que a la gente le interesan son los resultados, que son la existencia de 17.000 viviendas, de las cuales 12.300 están concluidas y que “la gente lo que quiere es resultado, todo el resto como diría alguien, es vyrorei”, evitando responder acerca de la transparencia en torno a las empresas responsables de levantar esas casas con recursos públicos.

Además, el ministro acusó a la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) de buscar beneficiarse con todas las obras mediante licitaciones. Consultado al respecto, el presidente del gremio, José Luis Heisecke, respondió que su objetivo es que se implemente la libre competencia como parte del proceso de la reactivación económica. “Muchos socios son pequeñas y medianas empresas. Nosotros pedimos transparencia en la gestión y que todo se licite con la Ley 2051”, expresó.

Flexibilización

El ministro Dany Durand ha firmado una serie de resoluciones con los cuales ha flexibilizado la normativa a las proveedoras, documentos a los que accedió ABC tras solicitar vía el portal de Acceso a la Información Pública, ya que la gran mayoría de esos detalles no se encuentran en portal de la institución, de fácil acceso, de forma esquemática y uniforme, tal como se dispone en el portal de Contrataciones Públicas.

Luego del análisis de los documentos, se comprobó que Durand eliminó exigencias a las proveedoras que obligaban a demostrar solvencia económica y experiencia comprobable para ser adjudicado como proveedor del Estado. Además, ya no establece como exigencia de contar con una cuenta bancaria exclusiva para depósitos de esta cartera y desde entonces, los millonarios desembolsos que realiza la institución simplemente los concretan con cheques, los cuales se pagan por tesorería. De esta manera, conforme a explicaciones, se da lugar a suspicacias para el pago en determinado orden o fecha a los proveedores.

Consultado sobre estos aspectos, el ministro evitó responder. Indicó que lo realizará por escrito y plasmó las consultas en el expediente N° 33.303, la cual aún sigue sin respuesta.