De 13.748 presos, 4.014 tienen condena

Al asumir como ministra de Justicia, el lunes 18 de noviembre de 2019, la Dra. Cecilia Pérez había afirmado que la depuración de causas judiciales en el sistema penitenciario sería una de las prioridades de su gestión, a fin de disminuir la superpoblación y hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, luego de nueve meses en el cargo, ahora tiene a más 1.200 procesados presos en las comisarías del país, que esperan ser trasladados a una de las prisiones para cumplir con la medida cautelar impuesta por los jueces.

Así lucirán los pasillos de las nuevas penitenciarías que el Gobierno está construyendo, según el diseño arquitectónico.
Así lucirán los pasillos de las nuevas penitenciarías que el Gobierno está construyendo, según el diseño arquitectónico.

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El Ministerio de Justicia cuenta en todo el territorio con 18 centros penitenciarios, con una capacidad para albergar a 9.511 internos (ver infografía), pero la población penal actual es de 13.748 reos, de los cuales solo 4.014 son personas condenadas y el resto, es decir 9.734, son internos procesados, según datos actualizados hasta el viernes último, proveídos por la propia cartera estatal.

Estas cifras muestran que solo con los procesados ya se supera la capacidad total del sistema penitenciario nacional y que la diferencia de disponibilidad existente es de 4.138, con lo que el índice de ocupación es de 1,45. Para ser más prácticos, podemos decir que el lugar que debe ser ocupado por dos reclusos está siendo habitado por casi tres internos, en condiciones hasta inhumanas.

Covid-19 empeoró crisis

El 16 de junio de 2019 estalló la crisis penitenciaria con la toma de la cárcel de San Pedro por miembros del Primer Comando da Capital, quienes se enfrentaron con los internos del Clan Rotela, derivando en la muerte de 10 personas. El hecho evidenció la corrupción imperante en el sistema penitenciario, que además de las autoridades carcelarias también mostró la complicidad de los jueces, que beneficiaban a internos, procesados y condenados, con privilegios por los que estos pagaban millonarias sumas de dinero.

A ese hecho se sumó la fuga de 76 reos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, entre ellos líderes de la facción criminal brasileña PCC, que se produjo el 19 de enero de 2020, ya bajo la administración de Cecilia Pérez.

El 7 de marzo último, en plena emergencia penitenciaria, se confirmó el primer caso de coronavirus en Paraguay y posteriormente se decretó la cuarentena total para evitar la propagación del virus. Las visitas en las cárceles fueron suspendidas, buscando prevenir el contagio masivo.

A inicios del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia instó a los jueces a no abusar con la prisión preventiva, a fin de evitar seguir cargando los centros penitenciarios.

“Exhortamos a los jueces que no decreten más prisión preventiva, porque también la prisión preventiva se ha volcado a una práctica perversa de aplicarse como primera ratio cuando debería ser excepcional”, había manifestado la ministra María Carolina Llanes.

Aclaró a sus colegas que “la idea tampoco es abrir la puerta y que salgan todos” y que en la máxima instancia judicial tienen el compromiso de dar respuesta jurídica en cada caso.

Sin embargo, son muchos los jueces de garantías que siguen dictando la prisión preventiva, con el criterio de que los procesados deben estar encerrados “porque es la única forma que aprendan”, según expresó un magistrado al ser consultado sobre la insistencia con la medida cautelar.

Proyecto del MJ fue descartado

El viernes último el Poder Ejecutivo vetó la ley de libertad condicional que el Congreso había sancionado.

La ministra Cecilia Pérez advirtió al presidente Mario Abdo que la normativa es inaplicable y lamentó que los legisladores hayan archivado el proyecto que fue elaborado por funcionarios técnicos de la cartera a su cargo.

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