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Las tres conclusiones del informe final fueron presentadas ayer en una reunión virtual, pero los parlamentarios todavía no aprobaron que sean remitidas a la Fiscalía General del Estado para una investigación más exhaustiva. Solo aprobaron la remisión de los resultados a las dos Cámaras del Congreso, lo cual se hará la próxima semana.
El primer dictamen, que fue elaborado por el diputado Édgar Acosta y el senador Amado Florentín (ambos del PLRA), tiene 54 observaciones, y confirma que pese a denuncias de los frentistas ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se optó en seguir con las obras.
Resalta además que ya en abril de 2016, cuando las obras aún no se iniciaron, la consultora contratada para estudios prediales y catastro, el consorcio CC (Caem Comycsa), advirtió al MOPC sobre la necesidad de realizar expropiaciones e indemnizaciones, pero se ignoró esa recomendación. “El problema de la franja de liberación pudo ser evitado”, expresa parte de las conclusiones.
Resalta que las tareas de construcción empezaron sin diseño de ingeniería, que ya se incluyó en la licitación de las obras, y agrega que el MOPC ni siquiera definió la modalidad de transporte que pretendían implementar en el corredor, pese a las millonarias inversiones en consultorías. Asimismo, asevera que el contrato de los tramos 2 y 3 del corredor central con la empresa Mota Engil tuvo un inmediato acuerdo para convenios de modificación, que “han sido realizados en el marco de un escenario irregular sin precisiones técnicas de diseño y planificación”.
Incluso se dio la orden de inicio del tramo 2 sin tener los permisos de la Municipalidad de Asunción, dice, e insiste en que la franja de dominio no ha sido liberada pese a constituir una condición contractual para comenzar los trabajos.
Entre otras cosas, el dictamen de Acosta y Florentín indica que la inclusión de la zanja técnica (para cableado subterráneo) tiene indicios de sobrefacturación, ya que se pagaron 1,6 millones de dólares por cada km de esta obra (debía tener 11 km y se debían pagar US$ 18 millones). Cuestiona asimismo los cambios de la ley que aprobó el plan, ya que se aumentó la contrapartida local para incluir las obras de las oficinas de Gobierno en el Puerto, dentro del programa, y además la nula actuación de la actual administración, cuyo titular es Arnoldo Wiens, para deslindar responsabilidades.
A su turno, el presidente de la comisión, el diputado Ramón Romero Roa (ANR), compartió la mayoría de las conclusiones de sus colegas en su dictamen (40 conclusiones en total) y cuestionó enérgicamente la falta de cooperación del BID en proveer y brindar la información requerida alegando cuestiones de carácter interno que impiden, según sus normas, brindar dichas informaciones.
Romero Roa también lamentó que al cierre del informe no se haya recibido la conclusión de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República (CGR) y solicitada por la Comisión Bicameral de Investigación, por lo que recomendó que una vez recibida sea anexada al dictamen, atendiendo su carácter eminentemente técnico y de mayor alcance en la investigación.
Agregó que la Fiscalía General del Estado no respondió sobre las investigaciones que vienen realizado respecto al programa denominado Metrobús.
Intentan blanquear el caso
A su turno, el senador Enrique Bacchetta (ANR), apoyado por el diputado Hernán Rivas (ANR) y la senadora Zulma Gómez (PLRA) –quien participó ya al final de la reunión–, en un improvisado dictamen de cinco páginas minimizaron las consecuencias del fracasado proyecto que perjudicó a miles de compatriotas. Estos parlamentarios se rehusaron una vez más a que el informe sea remitido al Ministerio Público para una investigación más exhaustiva.
El escrito que leyó Bacchetta resalta que se tuvo principalmente un problema de diseño y que el Estado no tenía que indemnizar a los frentistas ya que existe un dictamen de la Procuraduría General que sostuvo que “el Estado es actualmente poseedor de estos inmuebles al haber llevado a cabo actos típicamente posesorios”.
“El BID previó un costo de US$ 8 millones por pago de indemnizaciones a los frentistas, pero el MOPC no pudo cumplir por no haber condiciones legales para compensarlos, ya que habían ocupado la franja de dominio por más de 30 años, superando los 10 años de usucapión, y no se podía proponer un proyecto de ley que reconozca esa condición ya que estaríamos creando un pasivo al Estado Paraguayo”, expresa. Sin embargo, los frentistas del metrobús en su momento mostraron que en realidad el Estado jamás les pagó indemnizaciones cuando se abrió la ruta, en la época de la dictadura, y ellos sí tienen actos posesorios pues siguen pagando impuestos incluso por la franja cedida.