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Cuando el 22 de abril de 2019, el presidente de la República en un acto que tuvo lugar en Alto Paraná, se burló de una concejala que le advirtió que su gobierno podría caer, no se imaginó que tal advertencia estaría a punto de cumplirse casi cuatro meses después.
A punto de cumplir un año de Gobierno, Abdo y Velázquez vieron tambalear violentamente el piso bajo sus pies con la divulgación del acta bilateral firmada el 24 de mayo del 2019 entre Paraguay y Brasil, a escondidas de la gente.
Acta salió a la luz
Todo esto salió a la luz el 24 de julio, con la sorpresiva renuncia de Pedro Ferreira de la presidencia de la ANDE. Dos días después, Ferreira contó durante una charla, que mintieron a Abdo y que el documento firmado violaba la soberanía del país y atentaba contra los intereses de la nación. También relató que lo intimaron a elegir: o firmaba el documento o renunciaba. Optó por lo segundo.
El Presidente de la República y sus funcionarios defendieron el polémico documento. Abdo trató de “mendigos” y de “pillos” a los paraguayos y diciendo que actúa “como un peajero” para conseguir ventajas. Fue en ese entonces, que entre sus argumentos de defensa, dijo que no se subirá al tarifa “por lo menos en los próximos dos años”, lo que evidenció que sabía de qué trataba dicho documento.
Y por si esto fuera poco, hasta el presidente de Brasil Jair Bolsonaro dio su apoyo a Marito mediante un tuit, felicitándolo por defender los intereses del Paraguay.
Pero, ¿qué era lo grave que el documento establecía? Pues el texto cedía soberanía sobre Itaipú en cuanto a la energía eléctrica que correspondía a Paraguay.
El país había logrado en el 2007 un precio preferencial sobre la energía eléctrica excedente de Itaipú a cambio de ciertas concesiones para el Brasil. Sin embargo, en el acta del 24 de mayo, por exigencia de Brasil, se estableció un cronograma para la compra de energía a Itaipú hasta el 2022, lo que fue interpretado como una cesión de soberanía.
El acuerdo tendría como consecuencia un sobrecosto de US$ 300 millones para la ANDE y, para conseguir los recursos, se tendría que aumentar la tarifa del servicio para los usuarios. Recién allí se comprendió qué quiso decir el Presidente en aquel discurso.
Los nombres detrás
Lo que no estaban contando también es que detrás del acta secreta, se estaba montando un negociado entre paraguayos y brasileños de la firma LEROS, para poder revender la energía que produce Itaipú a través de ANDE y Eletrobras.
Por el lado paraguayo, el vicepresidente Velázquez era el principal interesado en la venta de energía, y Joselo Rodríguez su brazo ejecutor. Por Brasil, los negociadores en nombre de LEROS eran el senador brasileño Major Olimpio del partido de Bolsonaro y su suplente Alexandre Giordano, quien invocaba en las reuniones a la familia presidencial.
Todos sabían lo que pasaba, pero todos negaron su participación en la firma del acta. Abdo Benítez quien al principio no sabía, intercambió mensajes con Ferreira sobre el tema, el entonces canciller Luis Castiglioni quien tampoco sabía, designó al Vicecanciller para liderar la comitiva que fue a Brasilia. Saguier quien dijo ser solo era un enviado comentó que firmó siguiendo la indicación de sus asesores, Alcides Jiménez quien fue presidente de ANDE por unos días y José Sánchez Tillería exfuncionario de Itaipú. Estos últimos, negaron tener participación en el acta, al igual que el exdirector de Itaipú José Alderete.
¿Pero si no tuvieron nada que ver, por qué renunciaron?
Guerra de tuits
Mientras desde el Gobierno se quedaban sin argumentos para defender el acta entreguista, los políticos de oposición y la ciudadanía, comenzaron a movilizarse en todo el país. Los ciudadanos en las calles, y los políticos entre cuatro paredes para redactar el pedido de juicio político.
A partir de allí, comenzaron las negociaciones políticas desesperadas para evitar que el juicio. El senador Juan Carlos Galaverna fue el nexo con el cartismo, porque bastaba con que Horacio Cartes levantara el pulgar para que Marito fuera expulsado del Palacio de los López.
El 31 de julio, todos los cartistas se dieron cita en la casa de Cartes sobre la avenida España a las 16:00 y al salir, cerca de las 21:00, el diputado Basilio Núñez y el senador Juan Darío Monges informaron públicamente que el líder de Honor Colorado dio su visto bueno.
Esa misma noche, el presidente Abdo, también usando la red social, manifestó que aceptaba dar pelea, desafiando incluso al cartismo.
Dando un último manotazo de ahogados, en la mañana del 1 de agosto del 2019 el acta fue anulada. Esto sirvió para que se desactivara el juicio político y Cartes diera un paso atrás en su postura inicial, dejando sin votos suficientes para procesar al Mandatario.
La bancada de Patria Querida y los liberales y la diputada Kattya González (PEN), oficializaron dos pedidos de juicio político que fueron archivados.
Hubo más intentos por reflotar el juicio, pero con el retroceso de los cartistas, ya no pudo prosperar y Mario Abdo pudo respirar nuevamente. A raíz de esto, en el cartismo hubo varios molestos, como el senador Sergio Godoy, quien dijo a ABC Cardinal, que se enteró a través de la prensa el cambio de postura de su movimiento. “Quedamos como unos boludos”, agregó.
Investigación cajoneada
El 31 de julio, la Fiscalía conformó un equipo para investigar el acta entreguista. Los fiscales Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz fueron designados para esclarecer el hecho. Los mismos tomaron la declaración al Mandatario, al Vicepresidente, a Alderete, Castiglioni, Hugo Saguier Caballero, Pedro Ferreira, Joselo Rodríguez, Alcides Jiménez, entre otros. Esto fue luego de la denuncia realizada por el abogado Tadeo Ávalos, quien cuestionó que la Fiscalía no haya actuado de oficio desde un principio.
Mientras, en el Congreso se conformó una Comisión Bicameral de Investigación del Acta firmada por Itaipú donde los legisladores también llevaron de forma paralela otra investigación. Fueron convocados todos los funcionarios involucrados para prestar declaración.
Tras oír a todos los involucrados quienes negaron tener participación y desconocer incluso el contenido del acta, a excepción de Saguier Caballero quien afirmó haber sido el responsable de la firma siguiendo el consejo de sus asesores, el 20 de noviembre, entregaron a la Fiscalía un documento con casi 2.000 páginas entre documentaciones y testimoniales para sumar a la investigación.
El 4 de junio del 2020 fue la última vez que se supo de alguna diligencia de la Fiscalía en la investigación sobre el acta, con la convocatoria a declarar al ingeniero Fabián Cáceres. Nadie fue imputado y los que renunciaron, continuaron con su vida. Desde entonces, el caso quedó cajoneado.
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