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Documentos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) que celosamente son resguardados en los cajones de sus oficinas y a los que accedió ABC tras solicitar por el portal de Acceso a la Información Pública, confirman que el ministro Dany Durand flexibilizó una serie de exigencias con sus proveedores de servicios, tanto con los que prestan el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) como con las constructoras a las que se subcontrata, todo esto sin licitación (ver cuadro).
El mecanismo de trabajo con esas organizaciones es cuestionado debido a que no permite el control ciudadano ni dar seguimiento a los contratos o sobre el uso de los fondos públicos. Los recursos son repartidos con total discrecionalidad y además de eso, ahora se suma que el 13 de julio último, Durand firmó la Resolución Nº 904 con la cual autoriza a sus funcionarios de confianza a que flexibilicen aún más las exigencias del reglamento del Fondo Nacional de las Viviendas (Fonavis), con la excusa de la pandemia. Esto, en detrimento de las obras.
El documento especifica que “se flexibilizan los requerimientos reglamentarios desde el punto de vista social y técnico exigidos para la calificación técnica del proyecto, y/o para el primer desembolso, posibilitando el inicio y la continuidad de las obras, difiriendo la presentación de todos los documentos, si fuere necesario, a la siguiente etapa contractual” (sic).
Se intentó conocer el alcance en lo social y técnico, solicitando una entrevista con el titular de la cartera de Estado. Luego de diversas llamadas y mensajes, finalmente Durand contestó que no recuerda esa resolución. Al ser insistido acerca de la explicación de la importancia de su decisión y el impacto que tendría en los recursos públicos y lo que recibe en contrapartida, reiteró que no recuerda y que las respuestas las brindará a través de la Dirección de Transparencia, cuyo responsable es Ricardo Merlo.
ABC remitió las preguntas al funcionario, quien creó un nuevo expediente en el portal de Acceso a la Información Pública, con 15 días de plazo para la respuesta. De esta manera, el ministro evita dar explicaciones sobre el rumbo que da a una de las instituciones clave para la reactivación económica.
Las resoluciones
Un gran volumen de documentos proporcionó el MUVH a nuestro diario con el expediente Nº 32.734, vía acceso a la información pública. El contenido muestra indicios de que Durand beneficia a una rosca de organizaciones. Por ejemplo, redujo de 30 a 15 días el plazo para renovación de la habilitación de los del SAT, que reciben transferencias directas del Estado para administrar el dinero público y subcontratan a constructoras de dudosa capacidad para que erijan las vivienda sociales. Todo esto sin que exista un mecanismo de acompañamiento y control ciudadano, tal como sucede con los llamados hechos aplicando la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas.
Los documentos no se encuentran disponibles en la web para tener acceso de forma fácil y amigable, tal como ocurre con cada proceso de las licitaciones públicas vía ley 2051, que de forma esquemática y uniforme facilita el historial de cada compra y proveedora, las sanciones, los incumplimientos y cambios en los contratos, entre otros datos.
En 2019, los del SAT recibieron G. 352.808 millones, pero con el sistema actual se dificulta seguir la pista de las obras realizadas, cumplimiento de contrato y si tienen o no sanciones. Las transferencias fueron realizadas bajo el rubro 800.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) desde hace meses exige al Gobierno una mayor apertura para la participación de sus socios en las construcciones del MUVH. “El Estado nos cuida de que cumplamos toda las exigencias en pago de impuestos y aporte al seguro social, pero ese celo no se da igual con SAT”, reclamó José Luis Heisecke, titular del gremio.
Señaló que estos momentos de crisis económica son clave para avanzar hacia la recuperación del país, pero que Durand evidencia que hace oído sordo a sus pedidos, al observarse, por ejemplo, la Resolución Nº 1206, que no permite nuevas constructoras argumentando que se registran mayor cantidad de las que se requiere.
Heisecke lamentó que se creara una nueva figura de “Asistencia Técnica Constructiva (SATC)” a la que no pueden acceder las empresas de trayectoria.