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El proyecto de Ley “que establece medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y en la ejecución de sanciones penales en el marco del estado de emergencia sanitaria ante el riesgo de expansión del COVID-19 o coronavirus” había sido aprobado por el Congreso, pero principalmente promovido por la Cámara de Diputados, que cuenta con varios de sus miembros con prisión preventiva y con riesgo de que se les imponga dicha medida.
Con el veto del Ejecutivo, el proyecto de Ley actualmente retorna al Congreso, donde ambas cámaras requerirán de mayoría absoluta de dos tercios para ratificarse.
Entre los argumentos del rechazo expuestos por el Ejecutivo, destacan que actualmente los jueces cuentan con la facultad de imponer medidas alternativas a la prisión en caso de que así lo consideren pertienente, sin la necesidad de una ley especial para dicho efecto.
Específicamente, el proyecto de Ley establecía que serían beneficiados los internos de penales vinculados a hechos punibles sin violencia y cuya expectativa de pena sea inferior a los 10 años de cárcel, lo cual hubiera beneficiado por ejemplo a el diputado, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), imputado y actualmente cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada, por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y otros, vinculados a su gestión anterior como Gobernador de Paraguarí.