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La Cámara Baja aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley que aprueba el uso obligatorio de tapabocas de manera temporal en el marco de la pandemia de COVID-19. Al respecto habló con ABC la diputada Rocío Vallejo, quien, además de dar su postura sobre la propuesta, reconoció que sigue habiendo problemas técnicos con las sesiones, que son mitad virtuales y mitad presenciales, por lo que en principio aparentemente se aprobó la moción de rechazo del proyecto de ley, pero luego quedó como que se aprobó de manera general con las rectificaciones.
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En ese contexto, ratificó que desde el primer momento se opuso a que se dé curso a esta iniciativa, en atención a que estar estableciendo sanciones para el uso de tapabocas daría espacio a que se generen más hechos de corrupción. “No es la forma, está demostrado que no funcionan las sanciones administrativas o penales, porque son muy pocas las que se aplican realmente”, expresó.
Agregó que en este caso lo importante más bien sería insistir muchísimo en las campañas de por qué hay que usar el barbijo y cuáles son las consecuencias de no llevar esta protección facial.
Dijo además que esta normativa se suma a otras restricciones con las que tiene que lidiar la ciudadanía, como la de no salir. “No hay que desconocer tampoco que existe una situación más preocupante: la falta de test, la falta de respuesta en el tiempo determinado, situaciones como estas que nos alarman momento a momento. Yo creo que todos tenemos un tipo de miedo de que nos tome, de que les tome a nuestros parientes. Estamos todos muy sensibles, pero no hay que dejar de sumar ese cuestionamiento. Este tipo de normativas viene a sumar más miedo, principalmente al ciudadano más vulnerable, y hechos de corrupción. No es el camino sancionar; el camino es educar”, remarcó.
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También dio como ejemplo el tema del método actual que se utiliza para el alcotest, que tiene una alta sensibilidad y puede dar positivo si se percibe alcohol en el auto. Dijo que ese tipo de prácticas también deben suspenderse de momento, para no dar pie a coimas. Añadió que actualmente toda la gente se llena de alcohol para desinfectarse y que dicha prueba lo que acentúa, así como el uso obligatorio del tapabocas, es el cháke a la ciudadanía.
“Suficiente con lo que están llevando del Estado para estar otra vez presionando al más vulnerable. Hagamos más sobrellevable la vida de la gente más vulnerable que está pasando miedo”, puntualizó.
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El proyecto de ley para el uso obligatorio de tapabocas tuvo media sanción en el Senado el pasado 9 de julio, sin embargo, ahora el Diputado modificó la propuesta, por lo que regresa a la Cámara Alta para su tratamiento.
Caso Petropar: “Es más grave de lo que imaginábamos”
La diputada Rocío Vallejo también hizo mención de la ampliación del proceso contra Patricia Samudio extitular de Petropar por la presunta compra de irregular de agua tónica y tapabocas en el marco de la pandemia por COVID-19.
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“Indigna todo esto porque ya no confiamos en nadie, realmente ayer después de leer la ampliación de la imputación en el caso de Petropar, digo: ’a la pucha todo esto es más grave de lo que nosotros nos imaginábamos', porque cuando investigábamos el tema de agua tónica porque parecía que hablábamos hasta de un chiste, porque ese caso lo denunciamos los diputados hay que recordarlo, parecía que estábamos hablando de un chiste y resulta que solo dos de esos productos se entregaron. Eso es nada en comparación a las compras que se están haciendo en tiempo de pandemia”. expresó.
En ese punto, apuntó a que el mayor inconveniente de las licitaciones es la entrega, porque hasta la fecha es la parte del proceso menos controlamos. “Compramos, pagamos, todo está en papeles, toda una cadena de empresas privadas que se prestan a la corrupción pública y el producto no entra”, concluyó.
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Patricia Samudio renunció a Petropar el 22 de abril luego de que la Fiscalía empezara a investigar la supuesta compra irregular de tapabocas, agua tónica y otros insumos. El Ministerio Público la imputó el 22 de abril último por lesión de confianza. Ayer decidió ampliar este proceso e incluyó al esposo de Samudio, José Manuel Costa.