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Apenas siete días después de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicara la suspensión por tres años para las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas de Justo Ferreira, el Ministerio de Salud Pública autorizó indirectamente que ambas recibieran un total de G. 60.000 millones.
El 24 de julio pasado, el ministro Julio Mazzoleni firmó dos resoluciones por las cuales autorizó la cesión de créditos a favor de las empresas de Justo Ferreira, ligadas a las presuntas ventas fraudulentas de insumos y equipos de bioseguridad para la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Otros siguen esperando
La cesión de créditos es una figura establecida en la ley de Contrataciones y que fue reglamentada durante los primeros meses de la actual administración para tratar de disminuir la multimillonaria deuda del Ministerio de Salud con proveedores de medicamentos.
Básicamente, esta figura permite que los proveedores acuerden con bancos de plaza para que estos entreguen el dinero a las proveedoras y la deuda del Ministerio de Salud quede con las entidades financieras.
El dinero está disponible para los proveedores en unas 24 horas, señalaron a ABC Color fuentes del rubro farmacéutico.
Lo curioso es que las empresas de Ferreira consiguieron la autorización para la cesión de créditos en cuestión de días, mientras que otras firmas que tienen deudas acumuladas de hace años siguen esperando. Es la misma celeridad y preferencia con la que fueron adjudicadas para entregar insumos que debían ser utilizados para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que finalmente tuvieron que ser rechazados.
Cuestión de días
Imedic y Eurotec presentaron el pedido de cesión de créditos el pasado 16 de julio. Ocho días después, el mismísimo Julio Mazzoleni emitió dos resoluciones por las cuales autorizó la cesión de crédito a ambas firmas por un total de G. 60.000 millones.
La cesión de créditos fue acordada con el Banco Continental, entidad financiera que –según el mismísimo Justo Ferreira– entregó los G. 85.000 millones que Imedic y Eurotec utilizaron para la adquisición de los insumos que finalmente fueron rechazados por Salud Pública.
El Ministerio Público sigue sin imputar a Justo Ferreira y sus socios comerciales por la supuesta comisión de intento de estafa al Estado y falsificación.
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