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El artículo 1 expresa que serán regularizados los funcionarios cuyos contratos estén a término, y que dependan de los pagos que otorguen los Gobiernos Departamentales, Municipales, de Instituto de Previsión Social y de Yacyretá.
Los mismos pasarán a formar parte de la nómina del personal contratado del Ministerio de Salud, con los mismos derechos en cuanto a la antigüedad y escala salarial conforme a la profesión.
En el siguiente artículo, la ley establece que los recursos serán otorgados por el Ministerio de Hacienda en el marco de la ley Nº 6524 de Emergencia Sanitaria por coronavirus.
Otro de los requisitos exigidos es que el beneficiario posea una antigüedad mínima de un año, los cuales serán integrados a una nómina elaborada por el MSP.
En el quinto artículo, la ley prohibe a los Gobernadores e Intendentes a contratar funcionarios en los consejos regionales y locales de salud para suplir al personal trasladado. Solo podrán contratar a un administrador y a un contador.
Los recursos que antes eran destinados al personal de salud, deberán ser utilizados exclusivamente para la compra de insumos médicos, inversión en infraestructura, mantenimiento y reparación de equipos médicos y hospitalarios, según obliga la nueva norma.
La ley establece que en un plazo de 20 días, desde la promulgación de la ley, el portal del Ministerio de Salud publique la lista de los beneficiados con la norma.
El documento fue compartido por el diputado Derlis Maidana (ANR-HC) en Twitter, ya que fue una iniciativa de la Bancada cartista, y tuvo varias modificaciones en la Cámara de Senadores, que fueron aceptadas por los diputados.
Uno de los motivos para esta ley, era que los funcionarios de los consejos de salud locales trabajaban de manera muy precaria, ya que percibían remuneraciones que iban de entre G. 350.000 a G. 1.000.000 como denunciaron durante una manifestación en Misiones realizada en junio pasado.