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Villamayor indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó todos los informes técnicos del caso y todos los informes técnicos recomiendan la objeción total del proyecto.
“Nosotros tenemos una ley anterior que habla de las víctimas de la dictadura. Es decir, lo primero que se hace es colocar por delante el rol de víctima para ser acreedor de una indemnización por parte del Estado. La mera presencia en el lugar cumpliendo una ley no autoriza automáticamente a que esa persona sea considerada como sujeto de una compensación por parte del Estado”, detalló.
El proyecto de ley “que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989” prevé un pago “por única vez” para los excombatientes, ya sean los que participaron a favor del golpe o aquellos que intentaron evitar el derrocamiento de Stroessner.
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“No importa si recibieron un daño o no no importa si sencillamente participaron (...) Si nosotros vamos a indemnizar a personas por el solo hecho de haber estado, creemos que existe un dispendio exagerado”, dijo.
El proyecto también contempla un beneficio para los parientes consanguíneos en primer grado de quienes actuaron en los combates y ya fallecieron. El pago a los excombatientes es de G. 168.680.000 (2.000 jornales), mientras que para los herederos unos G. 253.020.000 (3.000 jornales).
“Una compensación de esta naturaleza requiere que algo haya ocurrido en la persona, aunque más no sea una herida, pero necesitamos que algo más haya pasado”, remarcó Juan Ernesto Villamayor.