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El caso de Garay Azucas data del 2018, cuando fue interceptado por una comitiva fiscal policial que lo venía siguiendo, tras recibir 15.000 dólares (unos G. 50.000.000 aproximadamente al cambio de entonces) y en su poder se encontró el dinero.
Según los antecedentes, el exfiscal había exigido inicialmente unos US$ 20.000 al ciudadano español Ángel Aja Muela a cambio de librarlo de un proceso por presunta estafa, apropiación y evasión de impuestos, que fueron entregados a través de un abogado.
En el juicio se pudo comprobar el origen ilícito del dinero, por lo que se estableció la condena de 4 años de prisión por cohecho pasivo agravado así como el comiso especial extensivo del dinero obrante como evidencia.