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Varios conductores ya expresaron su enojo e indignación por el cierre de ruta hace poco más de una semana y los nuevos incidentes registrados el martes pasado, cuando indígenas nuevamente cerraron la Transchaco en el km 494, para “detener” al fiscal Héctor Velázquez, encargado de investigar la denuncia contra el indígena Nelson Méndez, acusado por abuso sexual a una menor de un año y cuatro meses.
“Se cierra la ruta en apoyo de un violador”, dijo un conductor, mientras otro afirmó que “a personas como esta no se puede dejar libre”.
La directora de Derechos Étnicos, Dora Penayo, expresó ahora también su enojo e indignación, mediante sus redes sociales, debido a que una bebé de un año y tres meses perteneciente a la comunidad Guaraní Ñandeva fue violada y destrozada en el Chaco y los líderes piden la libertad del supuesto violador.
Lamenta que estén armados con escopetas y cierren la Transchaco por varios días, extorsionando a los choferes con el cobro de un “peaje” de G. 100.000 a G. 200.000. “Tomaron a dos abogados de rehenes, que fueron brutalmente golpeados; el fiscal de la causa logro huir por poco”, dice Penayo.
Denuncia que “es impresionante la cantidad de violaciones en las comunidades, es una epidemia silenciosa, y silenciada por muchos líderes y apoyados por las ONG. En derecho consuetudinario, el castigo era la pena de muerte. Desde el Ministerio Público apeligramos la vida en defensa de las mujeres indígenas y espasmos bajo amenaza”, dice Dora Penayo.
El fiscal Héctor Velázquez dijo ayer que un grupo de indígenas cerró el martes a la tarde la Transchaco en el km 494 y “atentaron contra mí, pero logré zafarme de ellos y logré escapar”.
Pero detuvieron en el mismo lugar al defensor público Orlando Aguiar y al consultor técnico de asuntos indígenas Aníbal Benítez. Señaló que “esta gente son muy agresivos” (sic) y no entienden los procedimientos judiciales.
En Mariscal Estigarribia se había suspendido el martes por sexta vez una audiencia preliminar, esta vez porque no vino el abogado defensor del acusado, Nelson Méndez.
Velázquez señaló que las reiteradas suspensiones tienen diferentes causas y los indígenas lo culpan. Además, quieren que Méndez sea liberado y manejado de acuerdo a sus derechos consuetudinarios.
Velázquez subrayó que cuenta con todas las pruebas que confirman el hecho punible y que la madre de la víctima, una de las denunciantes, estaba en estado etílico en este momento y “no tiene nada que ver, nosotros actuamos de oficio”.
Repitió una vez más que no iba a acusar sin contar con las pruebas y que no va a hacer ninguna denuncia por el intento de atentar contra su persona, para no “agudizar el ambiente”.
El intento de detener al fiscal ocurre una semana después de que el presidente del Indi, Édgar Olmedo, y el gobernador de Boquerón, Darío Medina, conversaron en Laguna Negra con los indígenas.
“Se conversó muy bien de que el proceso judicial tiene sus pasos y es independiente el Poder Judicial. Es lamentable realmente”, dijo Medina.
La visita de Medina y Olmedo se concretó tras tres días y medio de cierre intermitente de la Transchaco. Conductores de vehículos lamentaron que al querer sacar fotos fueron amenazados.
El fiscal Andrés Arriola espera la declaración testifical de Orlando Aguiar y un informe de Derechos Étnicos para determinar una imputación contra los responsables de los incidentes en la Transchaco, por coacción grave, privación ilegitima de libertad y perturbación de la paz publica, dejando entrever que cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado.