Abogados penalistas, preocupados por posible prisión en caso Imedic

La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado en que expresa su preocupación por el abuso de la prisión preventiva y hace referencia a la anulación de arresto domiciliario que había beneficiado a la presidenta y la directora de Insumos Médicos SA (Imedic), Patricia Ferreira y Nidia Godoy, respectivamente, imputadas por presuntamente vender fármacos truchos. La Fiscalía pretende que ambas vayan a prisión.

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La Junta Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado para manifestar “su más profunda preocupación e indignación por el abuso sistemático de la prisión preventiva de los imputados”.

Los profesionales del derecho hablan de fallos recientes y también hacen referencia a la decisión del Tribunal de Apelación, Tercera Sala de Asunción, que anuló la resolución por la cual la presidenta y la directora de Imedic, Patricia Ferreira y Nidia Godoy, fueron beneficiadas con arresto domiciliario. El fallo no está firme debido a varias chicanas, pero, de confirmarse, se deberá hacer una nueva audiencia de imposición de medidas.

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Uno de los argumentos de la Cámara para anular el arresto domiciliario fue que la jueza de la causa, Lici Teresita Sánchez, avisó a la Fiscalía sobre la audiencia 11 minutos antes de que se inicie la diligencia.

“Resulta una falacia y un despropósito sostener que es necesaria la presencia del Ministerio Público en la audiencia fijada al imputado luego de la imputación y requerimiento de prisión o medidas por el fiscal, que ya tuvo su oportunidad al ‘fundar’ su requerimiento”, indica otra parte del comunicado del gremio.

El gremio exhorta a la Corte Suprema de Justicia a que imparta instructivos o emita una circular para jueces y tribunales, estableciendo los términos y alcances de la prisión preventiva.

Medicamentos truchos

Patricia Ferreira y Nidia Godoy están imputadas por la presunta falsificación de facturas de medicamentos oncológicos y antibióticos cuyo origen se desconoce y debieron ser destruidos, ya que fueron vendidos a instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS) mediante facturas falsificadas, según sospecha la Fiscalía. La propia empresa brasileña a cuyo nombre se hicieron las facturas denunció la falsificación.

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Cabe destacar que Patricia Ferreira además se encuentra imputada por el caso del cargamento irregular de insumos para el combate al COVID-19, lote que debió ser rechazado en su totalidad ante deficiencias de calidad y variación de las marcas establecidas en el contrato.

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