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La fiscal Ana Girala, quien está a cargo de la investigación, comentó que la reconstrucción de hechos se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas para luego desarrollar las pericias accidentológicas. Adelantó que la prueba de nitratos y nitritos arrojó como resultado positivo a Derlis Sanabria y no así a Juan Amarilla, los dos imputados por el hecho.
Conforme a este informe preliminar, la única persona que disparó contra el vehículo en el que se desplazaba la familia fue el oficial Sanabria. De igual forma, Amarilla seguirá procesado ya que al ser el conductor del rodado en el que iba con su compañero, tiene responsabilidad teniendo en cuenta que “pudo haber parado” al percatarse que su camarada estaba efectuando los disparos, según indicó la fiscal.
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Mencionó que las figuras por las que son procesados ambos policías son por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal en ejercicio de funciones. Además, recordó que en sede fiscal, el padre de la víctima aún no presentó los documentos de su vehículo para las pericias. No obstante, este señala que los documentos ya fueron entregados al juzgado.
Por su parte, el fiscal Julio Ortiz manifestó que no existe obstrucción de la justicia, descartando la denuncia hecha por el padre de la víctima, quien reclamó que el vehículo utilizado por los oficiales se lavó para borrar evidencias. “Todos los elementos, las evidencias ya fueron extraídas por los peritos”, contó. Indicó que luego del trabajo de los expertos, se puede incluso devolver el vehículo pero, en vista de que iban a desarrollar la reconstrucción todavía no lo hicieron.
El padre de la víctima, presente durante el procedimiento, denunció que el juzgado ya devolvió a la Policía el vehículo en cuestión a pesar de que le explicaron que tanto su rodado como el utilizado por los uniformados estarían incautados durante la investigación. “Obstruyeron ellos la escena del crimen. La Fiscalía le dio su vehículo a la Policía y a mi no me está dando mi vehículo”, reclamó.
También prestaron su testimonios Marly Quiroga y Maria Teresa Gómez, testigos que auxiliaron al menor, trasladandolo hasta un centro asistencial.
Las diligencias de este martes, en las que participó la jueza Maria Elena Cañete, fueron desarrolladas por el Ministerio Público en prosecución del caso de un niño que fue baleado por policías en un confuso episodio registrado en mayo, cuando unos agentes policiales protagonizaron una persecución que comenzó en San Lorenzo y culminó en Luque. Un niño resulto herido de bala y según testigos, los oficiales no le ofrecieron auxilio. Los agentes se exponen a 30 años de cárcel.