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Este martes, Chase expresó que la Essap no está en condiciones de solventar los costos de anulación de facturas emitidas sin lectura de los medidores ni tampoco para solventar los seis meses de exoneración de consumo, conforme a lo establecido en la ley. “Es un impacto imposible de sostener; nosotros no tenemos los recursos para sostener un impacto de ese tamaño”, acotó.
Igualmente, recordó que la institución no tiene la capacidad financiera actualmente, ya que los usuarios no están pagando sus consumos. “Vamos a tener que recibir una ayuda de algún lado, algún préstamo o ayuda del gobierno central”, subrayó.
Mencionó que, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, la Essap dejó de percibir unos G. 95.000 millones a los que se les sumaría los G. 45.000 millones que se requiere para extender el subsidio por los meses previstos en la ley. Así, el déficit de la empresa sería de G. 140 mil millones.
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Chase también cuestionó que en el proyecto de ley no se establezca la fuente de financiación para cumplir con dicho subsidio. “No tenemos todavía definido de dónde saldrían los recursos, no tenemos una idea, pero tal vez Hacienda sepa”, manifestó.
Además, comentó que se reunieron los representantes del Consejo de Empresas Públicas para expresar al ministro de Hacienda, Benigno López, la preocupación existente sobre el tema. “Es gravísimo, no vamos a tener forma de sostener la empresa, ni siquiera para pagar sueldos”, aseveró.
La Cámara de Senadores rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la conocida como “Ley Buzarquis”, que cancela y anula las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Ahora, el estudio del veto pasa nuevamente a la Cámara Baja.
De acuerdo al artículo 208, De la objeción parcial, de la Constitución Nacional, “un proyecto de ley, parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto a la Cámara de origen para su estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si esta Cámara las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara revisora, donde seguirá igual trámite. Si ésta también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada, y el Poder Ejecutivo promulgará y publicará”.