Cargando...
El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió los documentos de rigor de la defensa del Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la demanda promovida por el exministro de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos, destituido por juicio político en el 2003.
Con la respuesta del Estado, vía Cancillería nacional, el polémico caso va entrando en su última etapa.
El 27 de enero pasado los demandantes: Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) y Ríos Ávalos contestaron traslado remitido por la Corte Interamericana.
El siguiente paso justamente era que el Estado paraguayo conteste la demanda, una vez que la Corte IDH le corra traslado de la misma. El Estado tuvo dos meses para contestar la demanda. Luego de la contestación del Estado, la Corte Interamericana debe fijar fecha del juicio.
Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea (ya fallecido) fueron destituidos de la Corte mediante un juicio político, el 13 de diciembre de 2003.
En setiembre del año pasado, la CIDH, organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recomendó a Paraguay la reposición de Ríos Ávalos en el cargo o la indemnización.
Sin embargo, el Estado rechazó la recomendación y anunció que litigará en la Corte IDH para ratificar su posición de que la destitución se dio en estricto cumplimiento de lo que la Constitución y las leyes.
Caos jurídico
El 30 de diciembre del año 2009, la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, integrada por los camaristas Meneleo Insfrán, Juan Francisco Recalde y Florencio Almada, resolvió que Ríos Ávalos debía ser repuesto en el cargo.
Los camaristas que tomaron esa resolución terminaron enjuiciados y destituidos por el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados. Tras esta acción, el pleno de la Corte había declarado la privación de eficacia de esa sentencia. Con la aclaratoria que emitió la Sala Constitucional de la Corte, el 2 de setiembre del año pasado, la acción de inconstitucionalidad N° 951 del 2009 que planteó Ríos Ávalos, y por la cual se dispuso su reincorporación a la Corte, quedó firme y ejecutoriada. Sin embargo, luego la Corte anuló las notificaciones al Senado y al Consejo de la Magistratura y ratificó que el fallo que favoreció a Ríos Ávalos carece de validez jurídica.