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Según los datos que se manejan, existen 13.800 personas privadas de libertad y 12.500 tienen prisión preventiva. El Dr. Salas habló esta mañana sobre este hecho. Primeramente, se refirió a los cambios recientes existentes en la ley. Recordó que en 2011 se dispuso la prohibición del otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión en casos de crímenes, pero luego se modificó ese aspecto y actualmente queda prácticamente a “criterio de los jueces y fiscales”.
“Es una sucesión de hechos: el primer elemento es la corrupción, luego está la falta de infraestructura, es decir de magistrados y fiscales. Hay zonas donde faltan jueces de sentencia”, señaló sobre cuáles son las causales de la excesiva cantidad de personas sin condena que están tras las rejas.
Por otra parte, el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados admitió que es competencia de dicho órgano actuar para verificar ese tipo de situaciones.
“Esas falencias, esas flaquezas se dan por la incompetencia, debo reconocer, no solo del Jurado sino de esas instituciones -la Fiscalía y el Poder Judicial- para hacer ese control o ese diagnóstico. Estadísticamente, dónde están las fallas, en qué casos se decreta normalmente la prisión y van adentro los delincuentes”, puntualizó en contacto con ABC.
En ese sentido, Salas también destacó que si el JEM actúa es criticado porque se entromete en otras instituciones.
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En otro momento, prometió hacer un control y verificar desde el JEM la situación de los presos, pero acotó que “cada órgano tiene su mecanismo de control interno”.
“Recibimos como jurado informes de esas instituciones y en base a eso se actúa, cuando ellos nos señalan algún mal desempeño. Oficiosamente también se actúa, aunque seamos cuestionados por la oficiosidad que tiene el Jurado”, manifestó.
Finalmente, mencionó que se necesita una nueva normativa que establezca un “glosario de causales” para la utilización de la prisión preventiva.
El hacinamiento en las cárceles es un problema histórico que nuevamente vuelve a debatirse durante la pandemia del nuevo coronavirus, luego de que se detectaran brotes de contagio en dos de las más superpobladas prisiones del país: la Penitenciaría de Tacumbú y la Regional de Ciudad del Este.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley que dejaría en libertad condicional a 1.700 presos como medida de prevención de contagio masivo. La propuesta prevé esta medida excepcional para los procesados por hechos punibles sin violencia y cuya expectativa de pena sea inferior a los 10 años de cárcel.
El documento queda en manos del presidente Mario Abdo Benítez, quien debe decidir si veta o no el proyecto, que fue bastante cuestionado por la ciudadanía debido al temor que se instalará con la liberación de personas que cometieron diferentes hechos punibles.
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