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El proyecto de ley que establece medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia por el covid-19 y para reducir la población penitenciaria, fue tratado y sancionado ayer en la Cámara de Diputados pese a un acuerdo en comisiones asesoras para postergarlo por una semana.
Justamente, los diputados Rocío Vallejo (PQ), Sebastián Villarejo (PQ) y Kattya González (PEN) reclamaron por dicha situación y advirtieron que se debían hacer algunas modificaciones que evitasen una aplicación indiscriminada de la iniciativa.
Destacaron también que un día antes, el martes, se había hecho una audiencia pública de la que participaron autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial en la que quienes deben aplicar la norma pidieron cambios o el rechazo de la ley o al menos su postergación.
Sin embargo, las propuestas de modificación realizadas por la diputada Vallejo no se tuvieron en cuenta y la ley fue sancionada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. El presidente Mario Abdo Benítez puede aún vetar la ley para evitar su vigencia.
La mencionada normativa beneficiará a unos 1.700 presos para que guarden reclusión en sus domicilios. En particular favorecerá, entre otros, a los condenados que hayan cumplido ya dos tercios de su pena privativa de libertad y a quienes integran grupos de riesgo de alta morbilidad en caso de contraer covid-19, como los mayores de 60 años, mujeres y adolescentes embarazadas, madres con niños de hasta cuatro años de edad a su cargo, a afectados por movilidad reducida, a aquellos con enfermedades graves preexistentes que representen un riesgo en caso de contagio, etcétera.
Políticos
Uno de los puntos polémicos de la ley es que también incluye otorgar la libertad condicional a personas sin condena, cuyo marco penal sea de hasta 10 años, que es el caso, por ejemplo, del imputado diputado Cuevas (Añetete).
La ley tiene carácter transitorio, es decir que los presos deberían volver a prisión pasada la condena, aspecto que fue cuestionado en cuanto a su efectividad por Vallejo.
Advirtió que la normativa es “súper abierta” y que motivaría que salga “todo el mundo con la excusa del covid”.