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La jueza Cinthia Garcete no será procesada por el JEM, por su actuar en la causa que involucra al senador Javier Zacarías Irún, imputado por un supuesto desvío de G. 2.174 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Por otra parte, la alta instancia judicial también decidió no llevar a juicio a los agentes fiscales que llevan la causa - Josefina Aghemo, Claudia Corvalán, Luis Said, Jorge Arce y Diego Arzamendia- por mal desempeño en sus funciones.
Votaron por enjuiciar a la jueza Garcete los ministros Eusebio Alvarenga, Enrique Bacchetta, Manuel Candia y Fernando Silva Facetti. Votaron por rechazar el proceso la ministra Gladys Bareiro de Módica, David Rivas, Adrián Salas y Cristian Kriskovich. Como no hubo mayoría en coincidencia, la causa fue rechazada y remitida al archivo.
En lo referido al proceso contra los fiscales, la ministra Gladys Bareiro de Módica, David Rivas, Adrián Salas, Cristian Kriskovich y Enrique Bacchetta votaron por el rechazo mientras que Eusebio Alvarenga, Manuel Candia y Fernando Silva Facetti se pronunciaron a favor del juicio.
La jueza Garcete es cuestionada por mal desempeño de sus funciones por beneficiar a Javier Zacarías con medidas alternativas a la prisión, por declarar la nulidad absoluta de la acusación, haber admitido el incidente de sobreseimiento, entre otros procesos irregulares.
A los fiscales Josefina Aghemo, Claudia Corvalán y Luis Said le atribuyen los hechos de mal desempeño de sus funciones por realizar investigaciones fuera del proceso legal y en desconocimiento de los derechos de los imputados. Además, indican que Aghemo y Said formularon una nueva imputación a pesar de que los ilícitos ya fueron incluidos en una causa previa.
Por otra parte, Jorge Arce y Diego Arzamendia son cuestionados por utilizar como elementos para fundamentar la imputación datos proporcionados por un procesado en la causa y presentar pruebas fuera de tiempo.
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El debate
Enrique Bacchetta propuso convocar a la jueza Garcete y los fiscales de la causa para una audiencia. Esta moción no corrió, por lo que se prosiguió con el estudio del punto.
Por su parte, Eusebio Alvarenga indicó que desde su perspectiva la jueza Garcete se basó en la ley para dar medidas alternativas a la prisión pero que no precisó los motivos para el sobreseimiento que admitió. Se pronunció a favor del enjuiciamiento.
Con relación a la actuación de los fiscales, Alvarenga manifestó que los agentes del Ministerio Público Josefina Aghemo, Claudia Corvalán y Luis Said no cumplieron con los procesos legales y las garantías que hacen al debido proceso, fundamentalmente en lo referido a las pericias. Misma opinión dio sobre los fiscales Jorge Arce y Diego Arzamendia.
La ministra Gladys Bareiro de Módica, con respecto a la jueza Garcete, indicó que no encontró irregularidades en la imposición de medidas alternativas a la prisión a Javier Zacarías. Pidió el archivo de la causa. Sobre los fiscales también pidió el rechazo del proceso.
David Rivas se adhirió a la postura de la ministra Bareiro de Módica. Así también lo hicieron Adrián Salas y Cristian Kriskovich.
Los ministros Manuel Candia y Fernando Silva Facetti se pronunciaron de igual forma que el diputado Alvarenga, en favor del juicio.
Enrique Bacchetta señaló que la jueza Garcete sí incurrió en mal desempeño de sus funciones al admitir el sobreseiminto definitivo. “Se extralimitó en sus funciones”, subrayó. Con respecto a los fiscales, indicó que no encontraba elementos para determinar irregularidades en el actuar de los mismos. “Corresponde el enjuiciamiento de la magistrada, y el rechazo y archivo del juicio de los fiscales”, apuntó.
Antecedentes
La jueza Garcete impuso al senador Zacarías Irún medidas alternativas a la prisión como una fianza de G. 3.680 millones y la prohibición de salir del país. El Ministerio Público pidió prisión preventiva alegando obstrucción a la investigación de parte del acusado, sustentando su alegación con pruebas de que Zacarías Irún ordenó a Juan Sanabria, exjefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, destruir evidencia del saqueo de la Municipalidad.
En la misma causa está también imputada la exintendenta de Ciudad del Este y esposa del senador Zacarías Irún, Sandra McLeod.
La Fiscalía sospecha que el matrimonio desvió G. 2.174 millones del presupuesto de publicidad de la Municipalidad de Ciudad del Este para destinarlos a la campaña electoral del clan Zacarías.