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La referida comisión se reunió esta mañana en forma virtual y tuvo como invitado al ministro de Hacienda, para tratar temas como las proyecciones del déficit fiscal, escenarios de nuevas deudas externas a ser contratadas, y proyecto de ley de administración de pasivos (conocido comúnmente como ley de bicicleteo de deudas).
La senadora Esperanza Martínez (FG), presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, expuso ante el ministro la preocupación existente sobre los temas en estudio y, en ese contexto, sobre el déficit fiscal señaló que de seguir creciendo la deuda pública los escenarios manejados es que el saldo rojo vaya de un 5,9% (US$ 2.145 millones) hasta un 9,2% (US$ 3.344 millones) al final del año.
De acuerdo a los números que expuso la senadora, actualmente existen gestiones por parte del Gobierno para contratar préstamos por US$ 2.676 millones, que se sumarán a las que ya se autorizaron vía ley de emergencia sanitaria y con el cual, enfatizó, la ciudadanía no está de acuerdo en que se siga endeudando al país.
El ministro López descartó la posibilidad de llegar al nivel de déficit estimado por la comisión porque existen préstamos que no se incluyen dentro del cálculo (son capitalizaciones o corresponden a organismos descentralizados) y otros que se computan recién cuando son ejecutados, no a partir de su aprobación.
Sostuvo que con el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, a ser presentado próximamente al Parlamento, se incluirá un plan de convergencia fiscal para volver al equilibrio con un plan medible y verificable. “Ahora con la pandemia la regla mundial es que todos los países van a terminar con un déficit mayor y una deuda mayor para hacer frente a la pandemia, pero en ningún escenario llegamos al 8% o al 9% de déficit”, indicó.
Un informe que había dado a conocer Hacienda hace dos semanas, en el marco del plan de recuperación económica, señalaba que la deuda pública llegará a fin de año a 34,5% del PIB (US$ 12.553 millones) y como consecuencia el déficit se situará en 7,2% del PIB (US$ 2.617,2 millones), atendiendo que el tope de 1,5% del PIB (US$ 545,2 millones) establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) fue suspendido con la ley de emergencia sanitaria.
Bicicletear la deuda
López también reiteró la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley administración de pasivos, a fin de ir canjeando los bonos en mejores plazos y tasas, reducir el costo del servicio de la deuda, una operación que hoy no se puede realizar con la ley existente ya que, según admitió, no es muy clara para los inversionistas que tienen en su poder los bonos soberanos.
Al Estado le urge realizar este tipo de operaciones para ir suavizando los vencimientos de bonos soberanos, teniendo en cuenta que los primeros vencimientos se dan en 2023 por US$ 780 millones, además de los vencimientos normales de otros préstamos contraídos con organismos multilaterales.
La senadora Martínez le indicó que los parlamentarios advierten que con esta ley se deje de lado al Congreso, lo que contradice la facultad constitucional que tiene el Congreso de aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. En ese sentido, expresó que existen propuestas de que se autorice la operación vía presupuesto anualmente. “Cuesta pensar en autorizar que se emitan bonos hasta 40% de la suma del valor nominal ya emitido, sin pasar por el Congreso”, afirmó la titular de la Comisión de Hacienda.