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Cramer resaltó que, según los proyectistas, la ley que pretendía duplicar de 20% a 40% el margen de preferencia a favor de las industrias nacionales en las compras estatales iba a favorecer a las pequeñas y medianas empresas. “Pero en la ley no se hablaba de las mipymes; al contrario, muy pocas eran las posibilidades de que se favorezcan con esto”, afirmó.
Asimismo, agregó que en el documento se alegaba “por causas de la pandemia”, pero no se establecía temporalidad. “Iban a poner una diferencia del 40% para todos los rubros por siempre”, añadió.
En ese sentido, dijo que -según la Dirección de Contrataciones- el promedio internacional habla de al menos cuatro oferentes por ítem en cada licitación, pero a nivel local solo se llega a 2,7. “Y con este tipo de leyes disminuimos aún más la cantidad de proveedores por ítem”, explicó.
Además, dijo que el principal riesgo que implicaba esta ley es el de la corrupción, “porque se pueden poner de acuerdo (las industrias) e inflar los precios (…) El riesgo de oligopolio, el riesgo de que se junten y los precios suban es un riesgo fuerte”, consideró.
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Por otra parte, insistió en que lo principal es que el Paraguay debe cumplir con la agenda internacional y los acuerdos que se han hecho a lo largo de los años.
Recordó que nuestro país logró retener las compras públicas para el mercado local en el Acuerdo Unión Europea, que ya pasó toda la revisión política y legal y solo está en proceso de firma de los Parlamentos.
Resaltó que se debe buscar beneficiar a toda la industria y mirar al mundo como un gran mercado. “Para eso hay que cumplir con las negociaciones, la palabra, lo negociado, trabajado y acordado (...) Son acuerdos que se pactan y luego toma su tiempo de entrar en vigor, pero por el camino uno no puede deshacerse de lo que pactó porque dejaría muy mal paradas todas las negociaciones. Tenemos mucho a favor del Paraguay, que busca expandirse”, destacó en contacto con ABC.
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El proyecto de ley, que modificaba el artículo 2º de la Ley Nº 4.558, proponía aumentar de 20% al 40% el margen de preferencia en compras públicas para productos de origen local. La intención ha puesto al país en la mira del Mercosur y otros bloques. Argentina, Brasil y Uruguay expresaron su preocupación de que se modificara de manera sustancial la normativa en compras públicas. La Cancillería también recibió inquietud similar a la señalada de parte de las representaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).
El viernes pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3.867, con el cual objetó totalmente el proyecto de ley que fue aprobado hace un mes por el Parlamento.
El Centro de Importadores del Paraguay y la Cámara de Distribuidores de Automóviles y Maquinarias expresaron satisfacción con la decisión de la Presidencia. Sin embargo, la Unión Industrial Paraguaya emitió un duro comunicado en el cual expresó el “rechazo profundo” al veto que “evidencia el rezago que tiene y seguirá teniendo la industria local”.
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