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En las políticas públicas, actualmente, se dan varios frentes de contradicción, por un lado, se apoyan con incentivos y subsidios a las grandes empresas, pero olvida a las mipymes, dijo Macchi.
Agregó que por eso es también absolutamente indefendible pretender que se cargue a la ciudadanía con un impuesto adicional del 40%, con las compras públicas de productos de industria nacional, que actualmente es del 20%, que terminan siendo pagados con los impuestos de todos los sectores económicos y la ciudadanía en general.
“Lo más grave es que los trabajadores que aportan al IPS terminarán pagando con sus aportes un 40% más, por aquellos productos que se utilizan y retiran del mismo. Desde este punto de vista, los parlamentarios deberían aceptar el veto del Ejecutivo”, expresó.
Recordó que hoy existen incentivos que benefician a la inversión, y el sector industrial es uno de ellos, con la Ley 60/90 de promoción de inversiones, donde se exonera totalmente de gravámenes de importación y de IVA a la importación de bienes de capital, exoneración de IVA por la compra local de bienes de capital, exoneración de tributos por pagos de comisiones e intereses, cuando el financiamiento viene del exterior para inversiones mayores a U$S 5.000.000 y finalmente, exoneración total de impuestos sobre las utilidades y dividendos de los proyectos aprobados, siempre que la inversión sea superior a US$ 5.000.000.
También dijo que, por otro lado, bajo el régimen de materias primas, se pueden importar materias primas libres de arancel de extrazona (fuera de Mercosur), según la lista aprobada, que es el conjunto de incentivos que debería ser suficiente para que los sectores económicos ganen competitividad en el tiempo.
“En el momento actual, cuando la ciudadanía está expectante por la mejora en las compras públicas, con el ahorro, ya que según los últimos estudios presentados, hay un margen importante para disminuir los gastos, parece un despropósito pretender aumentar el margen de preferencia para los compras de productos de fabricación nacional”, indicó.
Enfatizó que esta tema será una de las batallas que se tendrá para la recuperación pública: mejorar las compras del Estado, para que ese ahorro signifique más salud, más educación, más infraestructura, en síntesis, mayor bienestar para la ciudadanía.
“Si el Parlamento elige subsidiar las compras de productos de fabricación nacional con el 40 % de margen de preferencia, estaría yendo contra sus mismos postulados en medio de la pandemia, y castigando a la ciudadanía en nombre de quienes tienen la obligación de legislar”, opinó.