Esta mañana, en comunicación con ABC, el parlamentario Édgar Ortiz (PLRA) habló sobre dos cuestiones: la situación política del país en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus y el proyecto de ley que busca elevar la pena carcelaria a los corruptos, el cual fue enviado nuevamente a comisiones por la Cámara de Diputados, que una vez más evitó decidir sobre el tema.

En ese contexto, el diputado señaló que en realidad lo que le preocupa no es principalmente la modificación de leyes sino la institucionalidad del país, que se podría ver afectada si una vez más un jefe de Estado no concluye su mandato. “Yo estoy convencido de que está jodida esta situación y yo te voy a decir algo: si el presidente de la República no busca la unidad de todo el pueblo paraguayo, incluidos los medios -porque ustedes muchas veces nos ponen una carga pesada en nuestras espaldas y nadie se anima a ser tapa de diario-, Marito, yo te pongo la firma, no llega a diciembre, de eso estoy preocupado”, expresó.

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Al ser consultado si eso guardaría relación con la unidad de Abdo con el expresidente Horacio Cartes, respondió: “Yo creo que él lo está defendiendo hoy. Yo no quiero estar en contra de ciertas personas (...) Lo que hace el Partido Colorado es aliarse para ver si puede salvar a la institución. Este crecimiento del déficit presupuestario asusta”, subrayó.

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Dijo además que un grave problema es el de los comerciantes de frontera, que ahora prácticamente no están teniendo ingresos por el cierre del acceso y salida al país en el marco de la pandemia, y acotó que esta situación hace que hoy se vuelva a robar hasta gallinas o vacas. “Nuestro principal problema es la situación financiera del país. Estamos hablando del 35% del presupuesto, eso a mí me preocupa, esto va a desembocar en una crisis política”, aseveró.

La crisis económica que atraviesa el país se va agravando a medida que pasan los días, en atención a que zonas como Asunción, Central y Alto Paraná siguen en la fase 3 de la cuarentena inteligente, lo cual significa que muchos sectores siguen sin poder habilitar sus actividades comerciales. Asimismo, las fronteras nacionales continúan cerradas desde el 24 de marzo y no hay esperanzas de que se abran todavía, según lo manifestado ayer por el mandatario nacional. Asimismo, señaló que mientras la curva de contagio en Brasil no se aplane, el paso fronterizo continuará cerrado.

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En ese contexto, varias empresas debieron cerrar sus puertas, mientras otras ruegan que se les otorgue créditos; miles de personas quedaron desempleadas y otras con contratos suspendidos. Además, el país se endeudó por US$ 1.600 millones en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria, lo que complica aún más la situación económica, aunque Abdo sostiene que hay cierto repunte y que Paraguay sería uno de los países menos golpeados de la región en ese aspecto.

“Es medio discriminativo quitar una ley para cierto sector”

Por otra parte, Édgar Ortiz, al ser consultado sobre por qué no aprobaron el proyecto de ley que busca elevar la pena carcelaria a las autoridades corruptas, alegó que se deberían aprobar juntos todos los proyectos de la reforma judicial. Sin embargo, luego señaló que ya hay una ley que no se cumple.

“Nosotros votamos para que vaya a la comisión de Rocío Vallejo. Vos no podés quitar, es medio discriminativo quitar una ley para cierto sector (...) Para todos tiene que ser. Rocío Vallejo tiene que sacar todos juntos los proyectos de la reforma penal y ahí aprobamos todo (…) Si ella determina su comisión, puede meter el próximo miércoles también”, indicó.

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“Yo estoy de acuerdo: vamos a alzar todas las penas, vamos a alzar a todas las estafas, todo lo que hay (…) Que su comisión determine y liquidemos el pleito. ¿Por qué tiene que irse a dos años? Que se dictamine antes”, añadió.

Posteriormente, aseveró que la ley tampoco es retroactiva y que no es la solución. “Muchos de los que fatearon no van luego presos en nuestro país. No porque quitemos la ley se va a ir preso. La ley está también”, especificó.

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Justamente, la diputada Rocío Vallejo había manifestado que esta sería una prueba para sus colegas, de modo a ver si los parlamentarios estaban a favor de acabar con la corrupción del país. Sin embargo, desde un primer momento sostuvo que era difícil que aprueben el proyecto de ley porque sabía que encontrarían algún argumento para evitar tomar una decisión al respecto, en atención a que hay varios diputados con procesos judiciales.

La iniciativa pretende elevar las penas carcelarias a las autoridades condenadas por hechos de corrupción de 10 a 15 años, que incluso pueden llegar a 22 años en algunos casos si se trata de más de un hecho punible.