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Los indígenas del pueblo guaraní-ñandéva cerraron este miércoles por tercer día consecutivo la Transchaco, en el km 494, entrada a Laguna Negra. Aunque el cierre total de la ruta está prohibido y penado por ley, docenas de conductores tuvieron que esperar nuevamente durante horas en ambos lados. Seres humanos esperando en pleno sol, como así también animales en transganados.
El nuevo cierre de la Transchaco no despierta apoyo en la población, sobre todo porque los nativos exigen la “inmediata liberación” de un comunitario de ellos, identificado como Nelson Méndez, acusado por la fiscalía de abuso sexual de una menor de un año y cinco meses.
El acusado se encuentra hace un año recluido en prisión preventiva en la Penitenciaría de Concepción. Los nativos alegan que la acusación contra él es falsa, además tienen derecho de manejar ellos mismos el caso, con base en el derecho consuetudinario. En un comunicado previo al cierre de ruta, lanzado por la misma Organización del Pueblo Ñandéva, evocan la falta de una consulta previa e informada a los familiares y líderes de la comunidad, para detener y recluir a este acusado.
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“Los guaraní-ñandéva cierran por tercer día consecutivo la Ruta PY09 o Transchaco, por la libertad de un violador”, dijo en forma desesperada un conductor. En el lugar se encuentran algunos agentes policiales, pero no se mueven, solo observan.
El fiscal Andrés Arriola dijo, esta tarde, que el derecho consuetudinario en este caso no corresponde, porque se trata de un presunto delito público que debe ser investigado por la fiscalía y justicia ordinaria.
Arriola lamentó que los manifestantes están en la ruta con criaturas y mujeres y dejó en claro que el cierre de la Transchaco constituye un delito. El fiscal indicó que se está tratando de “negociar” en forma pacífica con los líderes y pidiendo más presencia policial.
Dejó entrever que detrás de toda esta manifestación hay una ONG, que les provee con alimentos y combustible y que el caso será ventilado en su momento.
El fiscal Héctor Velázquez, quien tiene a su cargo el caso de Nelson Méndez, considera la investigación cerrada, ya acusó a Méndez, quien está esperando un juicio oral ordinario. Las pruebas médicas practicadas a la víctima corroboran el abuso sexual.
Al mismo tiempo, los indígenas reclaman la titulación de un inmueble de 10.079 hectáreas en la zona fronteriza de Infante Rivarola, que les fue concedido en 1984 por el Gobierno nacional para un asentamiento de nombre Loma.
Pero el IBR y después el Indert nunca les adjudicó el título del terreno, que hoy está ocupado por Kurt Friesen, Oscar Hein Ratzlaff y Miguel Ángel Muñoz, considerados por los indígenas “invasores”. Miño Ordoñe, vocero de Loma, dijo son “tierras nuestras”, no son tierras fiscales.