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El senador Víctor Ríos presidió la sesión de la fecha de la comisión de Asuntos Constitucionales en la que el comandante Carlos Velázquez respondió las preguntas de los senadores sobre los hechos que llevaron al fallecimiento de un marino en un enfrentamiento con contrabandistas y también la denuncia de varios detenidos que alegan haber sido torturados por militares.
El comandante explicó que existe un sumario abierto en la institución para aclarar los hechos sucedidos en la noche del 16 de julio cuando ocurrió el enfrentamiento en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Según expresó, la Marina es la más interesada en que se investiguen los hechos para dar respuestas a todos los involucrados. Indicó que no se puede establecer una fecha límite para concluir el sumario, porque aún los asesores jurídicos están trabajando en todos los procesos pertinentes.
“Sí se abrió un sumario de prevención. Se trata de una operación militar. Nuestro objetivo era salvar vidas y evitar que eso fuera una masacre”, subrayó. Relató que el incidente contra los contrabandistas fue de gran magnitud, un operativo programado y preestablecido por los delincuentes que “acorralaron” al personal militar.
En otro punto explicó, que durante los eventos de esa noche, los militares contaron con el apoyo de la Policía Nacional, pero que la intervención fue hecha por la Armada que ante el delito flagrante era la autoridad competente. “La ley que nos faculta a nosotros a hacer ese tipo de procedimientos es la ley de Organización de la Prefectura General Naval, la 1158 del año 85, habla de la responsabilidad y hasta donde nosotros podemos actuar cuando hay flagrancia”, subrayó.
Sobre la actuación del Ministerio Público, mencionó que al momento de darse los eventos las autoridades ya fueron notificadas, sin embargo recién a las 9:00 de la mañana siguiente a la balacera se presentó en la unidad el fiscal Edgar Torales, quien ordenó la liberación de varios menores que fueron detenidos y coordinó las diligencias pertinentes. Señaló que están interesados en el estudio balístico y mencionó que es responsabilidad del Ministerio Público ordenar dicha gestión. “No lo puedo hacer yo desde mi punto de vista”, aseveró.
Recordó que la Fiscalía abrió una investigación sobre los hechos tanto por el asesinato del marino como por la supuesta tortura a la que fueron sometidos algunos de los detenidos.
Al respecto de los dos detenidos como supuestos autores del crimen, detalló que en el domicilio donde se encontraban los mismos se hallaron dos armas, que serían con las que se percutieron los disparos que acabaron con la vida del joven marino.
Con relación a las denuncias por supuestas torturas, el comandante aseguró que no existieron tales hechos y que si se dieron no fueron dentro del cuadrante de la unidad. “Descartó absolutamente, si se dio en algún lugar ese evento fue fuera de la unidad, eso me lo corroboró taxativamente el comandante de la unidad”, aseveró.
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Con relación a las acciones y estrategias establecidas para luchar contra el contrabando, indicó que ello no es solo responsabilidad de la Marina. Manifestó que controlar toda la extensión del río por donde pasan las mercaderías de forma ilegal requiere de tecnología, personal y presupuesto.
Por su parte, el ministro Soto Estigarribia mencionó que en las Fuerzas Armadas existe un protocolo de derechos humanos establecido para las actuaciones militares en el ámbito civil. “Para cada operación existe una regla de empeñamiento en la que se tiene que saber hasta dónde es el límite de actuación de los militares”, contó. Asímismo, recalcó que siguen las investigaciones en las unidades militares para determinar si hubo o no tortura.
Ambas autoridades concluyeron su comparecencia ante la comisión, expresando que están a disposición de los legisladores para aclarar todos los puntos que sean necesarios. Reiteraron que las Fuerzas Armadas necesitan aclarar los eventos sucedidos para no perder credibilidad ante la ciudadanía. También pidieron el apoyo de los pobladores y del Gobierno, para que se los pueda dotar de mayor tecnología y recursos para estar en defensa de la Nación.
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Treinta y cinco personas fueron arrestadas en un sector del barrio San Miguel de Ciudad del Este, desde donde se efectuaron disparos contra los marinos. Durante el tiroteo el suboficial de tercera de la Marina Marcos Aguero González (22) fue baleado en la cabeza, herida que derivó en su muerte.
Una filmación de un circuito cerrado registró el momento en que los militares alzaban con mucha brutalidad a los detenidos en una camioneta. Algunos demorados incluso tenían las manos esposadas. En el vídeo se notó cómo, aún estando ya inmovilizados, son golpeados y empujados por los militares.
En el grupo de los demorados había cinco adolescentes entre 14 y 17 años, de los cuales tres sufrieron severos golpes que les laceraron el cuerpo.
El Ministerio Público abrió una investigación tanto por el asesinato del suboficial como por las denuncias de supuesta denuncia.